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(Córdoba; SN).- La investigación por la presunta sobrefacturación de prestaciones al PAMI Río Cuarto sumó un nuevo capítulo. La Justicia analiza registros de comunicaciones para determinar qué intervención habría tenido Marcos Carasso, exdiputado nacional y compañero de fórmula de Luis Juez en las elecciones provinciales de 2023.
La causa principal investiga una posible defraudación vinculada con servicios de rehabilitación facturados por Ethical Salud. Las primeras estimaciones ubicaron el perjuicio por encima de los $500 millones, aunque posteriormente surgieron cálculos extraoficiales que elevaron la cifra hasta los $1.400 millones.
La novedad conocida este miércoles es que los investigadores buscarían reconstruir las comunicaciones entre Carasso y los empresarios Pablo Adzich y Gonzalo Lima, ambos imputados en el expediente principal.
Los registros ubicarían al dirigente radical recibiendo y canalizando pedidos realizados por los empresarios. Ahora deberá determinarse en qué consistieron esas gestiones, ante quién fueron efectuadas y si se trató de una intermediación política habitual o de una utilización indebida de influencias.
La investigación alcanzó a Carasso en junio, cuando Gendarmería allanó su vivienda en General Cabrera y la oficina que ocupaba en el Tribunal de Cuentas de Córdoba.
Después de ser imputado, el exlegislador renunció a su cargo como director de Jurisdicción No Permanente del organismo provincial y anunció que también dejaría sus responsabilidades partidarias dentro de la Unión Cívica Radical.
“La Justicia no me atribuye ningún hecho de defraudación al PAMI”, sostuvo Carasso en aquel momento. Su abogado, Maximiliano García, calificó la imputación como injusta y aseguró que demostrarán su inocencia.
En agosto, Luis Juez se presentó como testigo por sugerencia de la defensa de Carasso. Antes de ingresar al Juzgado Federal de Río Cuarto, calificó a su excompañero de fórmula como una persona “honorable y decente”.
El senador argumentó que recibir pedidos y realizar gestiones ante organismos estatales constituye una actividad habitual para los dirigentes políticos. “Si esto es tráfico de influencias, el fiscal me tiene que imputar a mí también”, afirmó.
Sin embargo, las nuevas informaciones indican que la declaración no habría modificado hasta el momento la situación procesal de Carasso. La Justicia continúa intentando precisar qué pedidos recibió, qué gestiones realizó y quién habría sido el destinatario estatal.
