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(Córdoba; SN).- La megacausa contra la desarrollista Márquez y Asociados sumó tres nuevas detenciones y ya son diez las personas privadas de su libertad en la investigación por presuntas estafas inmobiliarias que habrían perjudicado a cientos de compradores.
Por orden del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, durante la mañana del miércoles fueron detenidas Florencia Gisel Páez, de 32 años; Laura Nicolina Stancov, de 45; e Inés María Gutiérrez Lascano, de 48.
Las tres mujeres fueron imputadas como presuntas integrantes de una asociación ilícita y por estafas reiteradas. La acusación sostiene que habrían formado parte de una estructura organizada y dirigida por Ariel Hernán Márquez y Juan Pablo Márquez, principales responsables de la firma.
Stancov y Gutiérrez Lascano fueron detenidas en sus respectivos domicilios de la ciudad de Córdoba. Páez, en cambio, fue localizada en Copina mientras circulaba en un Fiat Palio por la ruta provincial E-34, en las Altas Cumbres.
Durante un control preventivo, personal de la Policía Caminera verificó sus datos y constató que tenía un pedido de captura vigente. La mujer fue trasladada a la Jefatura de Policía y quedó a disposición de la Justicia.
Con las tres nuevas detenciones, la causa reúne diez personas privadas de su libertad. Otras siete ya tienen confirmada la prisión preventiva, entre ellas Ariel y Juan Pablo Márquez, señalados como los máximos responsables de la estructura comercial.
La investigación intenta reconstruir el funcionamiento administrativo, societario y financiero de la desarrollista. Según la hipótesis de la Fiscalía, detrás de la fachada comercial habría operado una organización destinada a captar fondos mediante distintos proyectos inmobiliarios que luego no eran concretados en las condiciones acordadas.
El expediente reúne cientos de denuncias de personas que entregaron sus ahorros para comprar viviendas, departamentos o terrenos. Los reclamos incluyen construcciones que nunca habrían comenzado, unidades que no fueron entregadas y propiedades recibidas en condiciones diferentes de las establecidas en los contratos.
Las nuevas imputadas deberán ser indagadas por la Fiscalía, que buscará determinar cuál habría sido la participación de cada una dentro de la presunta organización.
La causa continúa en etapa de investigación y todas las personas involucradas conservan su derecho a defensa y la presunción de inocencia.
