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(Córdoba; SN).- La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Ginés Martín Jodar, el exasesor letrado del Poder Judicial acusado de colocar cámaras ocultas para filmar a trabajadoras dentro de los baños de los Tribunales de Río Segundo y Jesús María.
El tribunal rechazó los principales planteos presentados por la defensa y ratificó la resolución adoptada por la Fiscalía de Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, y posteriormente confirmada por el Juzgado de Control y Faltas N°3.
De esta manera, Jodar deberá enfrentar un juicio oral como supuesto autor de tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, agravada por involucrar a menores de 13 años; producción de ese contenido; 17 hechos de abuso sexual simple y otros dos hechos de abuso sexual en concurso con lesiones graves, agravadas por mediar violencia de género.
La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación y sobreseyó al exfuncionario por el delito de violación de domicilio. Los jueces consideraron que esa figura penal requiere el ingreso físico a un espacio privado y que la observación remota mediante una cámara no puede equipararse jurídicamente con entrar en ese lugar.
La investigación comenzó a mediados de 2023, cuando una trabajadora de limpieza encontró una cámara escondida dentro del baño de mujeres de los Tribunales de Río Segundo.
A partir de ese hallazgo, la Justicia avanzó sobre otros espacios en los que Jodar se desempeñaba como asesor letrado itinerante. La pesquisa se extendió hasta los Tribunales de Jesús María, donde también se habrían registrado episodios similares.
Según la acusación, los dispositivos eran colocados debajo de las bachas y en otros sectores de los sanitarios para observar, grabar y almacenar imágenes íntimas de las trabajadoras judiciales.
Uno de los planteos centrales de la defensa sostenía que no podía existir abuso sexual porque no había ocurrido un contacto físico entre el acusado y las víctimas. Sin embargo, la Cámara rechazó esa interpretación y ratificó que la afectación de la integridad sexual puede producirse mediante otros mecanismos.
Para resolverlo, el tribunal recuperó la doctrina fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el denominado “caso Carignano”, según la cual la colocación de cámaras ocultas para obtener imágenes íntimas puede constituir una forma de abuso sexual.
La resolución también mantuvo las acusaciones relacionadas con las lesiones psicológicas padecidas por dos de las trabajadoras.
Las pericias incorporadas al expediente acreditaron cuadros de estrés postraumático crónico, ataques de pánico, ansiedad y depresión. Las consecuencias afectaron sus relaciones sociales, familiares y laborales.
En el fuero de violencia de género, los hechos fueron considerados una forma de violencia psicológica y sexual dentro del ámbito laboral. Como medida de protección, se ordenó otorgar un mes de licencia a cada trabajadora afectada.
Sin embargo, según denunciaron las víctimas, esas licencias todavía no fueron efectivizadas por el propio Poder Judicial.
Jodar permanece detenido desde diciembre de 2023. La Cámara confirmó la prisión preventiva, pero modificó la forma en que continuará cumpliéndola mientras espera el juicio.
El exasesor letrado permanecerá bajo arresto domiciliario y con monitoreo electrónico mediante una tobillera. También tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con las víctimas y con los peritos que intervinieron en la causa.
La confirmación de la elevación a juicio abre ahora el camino para establecer la fecha del debate oral, en el que deberán analizarse las pruebas reunidas y determinarse la responsabilidad penal del exfuncionario judicial.
