(Villa Dolores; SN). Casi cuatro años después de la tragedia vial de las Altas Cumbres, la Justicia de Córdoba condenó al exvicegobernador y exlegislador provincial Oscar González a tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no irá a la cárcel. El fallo, conocido este martes 20 de octubre, lo declaró responsable de la muerte de la docente Alejandra Bengoa y de las graves lesiones sufridas por dos adolescentes. La sentencia provocó cuestionamientos de las víctimas y abrió un nuevo capítulo de enfrentamientos políticos en Córdoba.
El juez Santiago Camogli, de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores, encontró a González culpable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente. También dispuso su inhabilitación para conducir vehículos durante ocho años y el pago de las costas judiciales.
La condena quedó por debajo de los tres años y diez meses solicitados por la fiscal Analía Gallaratto y de los seis años reclamados por los abogados de las víctimas bajo la calificación culposa.
El 29 de octubre de 2022, González conducía una camioneta BMW X1 por el Camino de las Altas Cumbres cuando chocó frontalmente contra un Renault Sandero en el que viajaban Alejandra Bengoa, su hija Marina Szulewicz y Alexa Miranda, amiga de la adolescente.
Bengoa murió como consecuencia del impacto. Las dos jóvenes, que entonces tenían 14 años, sufrieron graves lesiones. Alexa quedó parapléjica y necesita asistencia permanente.
Durante el juicio, la acusación sostuvo que González invadió el carril contrario y provocó la colisión. La defensa del exfuncionario intentó atribuir la responsabilidad a Bengoa y solicitó su absolución.
La resolución judicial estableció la responsabilidad penal del exlegislador, aunque la modalidad condicional de la pena le permitirá permanecer en libertad, sujeto al cumplimiento de las reglas impuestas por el tribunal.
La sentencia fue recibida con cuestionamientos por parte de quienes durante casi cuatro años reclamaron justicia por Alejandra Bengoa y por las consecuencias irreversibles que dejó el choque.
Vera Szulewicz, otra de las hijas de la docente fallecida, había situado públicamente el caso en una dimensión que excede la responsabilidad individual del exfuncionario. En declaraciones recogidas por La Nueva Mañana, sostuvo que Oscar González forma parte de un sistema mucho más amplio, en referencia al entramado político e institucional que cuestiona alrededor del caso.
El planteo pone nuevamente bajo discusión el peso de las relaciones de poder en Córdoba y la respuesta de las instituciones cuando un dirigente de extensa trayectoria política debe enfrentar un proceso penal.
González fue uno de los dirigentes más influyentes del peronismo provincial. Ocupó la Vicegobernación y otros cargos relevantes durante décadas. Al momento del choque se desempeñaba como presidente provisorio de la Legislatura, una posición que lo ubicaba en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo.
La sentencia incluyó una resolución sobre las demandas civiles iniciadas por las víctimas.
El tribunal condenó a González y a la Provincia de Córdoba al pago de indemnizaciones que, en conjunto, superan los 2.010 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
Alexa Miranda: $1.625.279.401.
Marina Szulewicz: $353.575.089,30.
Vera Szulewicz: $31.633.758,86.
Los montos reconocen diferentes consecuencias patrimoniales y personales de la tragedia, entre ellas las necesidades de tratamiento, rehabilitación y asistencia de las víctimas.
La responsabilidad civil atribuida a la Provincia incorpora otra dimensión al caso: las consecuencias económicas del hecho también alcanzan al Estado cordobés.
El fallo reactivó los cuestionamientos de sectores opositores contra el peronismo provincial.
Referentes de La Libertad Avanza y de la Unión Cívica Radical, vinculados políticamente a Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo, respectivamente, apuntaron contra el PJ por la impunidad que denuncian alrededor del caso, según informó Perfil Córdoba.
Las críticas se inscriben en una disputa política más amplia sobre las responsabilidades institucionales y los vínculos que González mantuvo con el poder provincial.
La sentencia penal, sin embargo, establece una responsabilidad concreta por conducción imprudente. Las denuncias políticas sobre la existencia de mecanismos de protección o encubrimiento constituyen cuestionamientos que deben distinguirse de los hechos acreditados judicialmente.
El tribunal también estableció que González deberá fijar residencia, comparecer periódicamente ante la Justicia, cumplir restricciones sobre el consumo de alcohol y estupefacientes y no cometer nuevos delitos durante el plazo fijado.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 12 de noviembre.
El proceso judicial concluyó esta etapa con una condena penal y el reconocimiento de indemnizaciones para las víctimas. Para las familias, sin embargo, la discusión sobre la proporcionalidad del castigo y las responsabilidades políticas sigue abierta.
Alejandra Bengoa perdió la vida. Alexa Miranda enfrenta secuelas irreversibles. Marina Szulewicz también sufrió las consecuencias de aquella tarde de octubre de 2022.
