Ley de Tierras: el Gobierno dio marcha atrás con la extranjerización para salvar el DNU 70

(Buenos Aires; SN).- La Cámara de Diputados aprobó la restitución de la Ley de Tierras y dejó al borde de su eliminación definitiva al artículo del DNU 70/2023 con el que Javier Milei había liberado la compra de territorio rural argentino por parte de personas y empresas extranjeras.

La decisión constituye un fuerte retroceso para el Gobierno nacional. Desde el comienzo de su gestión, Milei defendió la derogación de los límites como una herramienta para atraer inversiones. Sin embargo, ante el crecimiento del rechazo político y social, el oficialismo terminó votando la reposición de la misma norma que había eliminado por decreto.

El capítulo referido a las tierras rurales obtuvo un respaldo contundente: 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones. El texto dispone dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70 y restituir plenamente la Ley 26.737.

La modificación fue incorporada dentro del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el propio Gobierno. Como Diputados modificó el texto que ya había recibido media sanción, la iniciativa deberá regresar al Senado.

Una derrota dentro de una victoria ajustada

El proyecto completo fue aprobado por apenas 124 votos contra 119, además de seis abstenciones. Esa votación le permitió al oficialismo avanzar con cambios en materia de expropiaciones, registros inmobiliarios y procesos de desalojo.

Sin embargo, para conseguir los apoyos necesarios y evitar que la oposición avanzara sobre el DNU 70 en su totalidad, La Libertad Avanza debió resignar uno de sus objetivos centrales: eliminar las restricciones a la extranjerización de tierras.

La concesión quedó expuesta en la diferencia entre ambas votaciones. Mientras el proyecto general superó por solo cinco votos el rechazo, la restitución de la Ley de Tierras alcanzó una mayoría prácticamente unánime.

De esta manera, el Gobierno logró conservar el resto de las reformas incluidas en su megadecreto, pero tuvo que abandonar la liberación del mercado de tierras rurales.

El giro del Gobierno

Milei derogó la Ley de Tierras mediante el DNU 70, firmado en diciembre de 2023, apenas diez días después de asumir la Presidencia.

La eliminación de la norma permitió que personas y empresas extranjeras pudieran adquirir tierras rurales sin los límites establecidos desde 2011. El Gobierno intentó posteriormente sostener esa política a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La propuesta original eliminaba cualquier restricción. Frente a la falta de respaldo, el oficialismo ensayó una segunda alternativa y propuso elevar del 15 al 25 por ciento el máximo permitido de tierras en manos extranjeras. Tampoco consiguió los votos.

El debate volvió a cobrar fuerza después de una serie de decisiones contradictorias de la Corte Suprema. Primero, el tribunal dejó sin efecto una medida que frenaba la derogación y abrió temporalmente la posibilidad de comprar tierras sin restricciones. Días después, ante otra presentación judicial, suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154.

La segunda resolución volvió a poner en vigencia los límites, pero solamente de manera cautelar y hasta que la Justicia resolviera el fondo del planteo.

En ese contexto, distintos bloques opositores convocaron una sesión especial para rechazar el DNU 70 completo. Aunque aquella sesión fracasó por falta de quórum, la amenaza obligó al oficialismo a modificar su estrategia.

La salida elegida fue incorporar la restitución de la Ley de Tierras dentro de un proyecto del propio Gobierno. Milei evitó así que Diputados rechazara su megadecreto, pero terminó aceptando la eliminación de uno de sus artículos más cuestionados.

Qué límites vuelven a establecerse

La Ley 26.737 fija en un 15 por ciento el máximo de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras en el territorio nacional, en cada provincia y en cada municipio o departamento.

También establece restricciones según la nacionalidad de los propietarios y limita a 1.000 hectáreas la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo agrícola, o su equivalente en otras regiones.

La normativa alcanza a campos destinados a actividades agropecuarias, forestales, turísticas y otros usos ubicados fuera de los ejidos urbanos. Su objetivo es proteger el dominio nacional sobre el territorio, los recursos naturales y las fuentes de agua.

La definición vuelve al Senado

El Senado deberá ahora resolver si acepta las modificaciones incorporadas por Diputados o intenta sostener el texto que había aprobado anteriormente.

La amplitud de la votación sobre el capítulo de tierras reduce las posibilidades de que esa incorporación sea eliminada: Diputados la aprobó con más de dos tercios de los presentes.

Si la Cámara alta acepta los cambios, la derogación dispuesta por Milei quedará anulada por ley y la protección de las tierras dejará de depender de una medida judicial provisoria.

El Gobierno podrá presentar la aprobación general del proyecto como una victoria legislativa. Sin embargo, detrás de ese resultado queda una evidencia política difícil de disimular: Milei intentó dos veces eliminar los límites a la compra extranjera y terminó necesitando los votos para restituirlos.