SN
(Buenos Aires; SN).- Mientras el oficialismo celebraba la aprobación casi unánime de una nueva Ley de Discapacidad, la diputada cordobesa Natalia de la Sota tomó distancia del acuerdo, pidió que el proyecto regresara a comisión y votó en contra.
La legisladora de Defendamos Córdoba cuestionó la velocidad con la que se cerró la negociación entre La Libertad Avanza, Argentina Federal y Unión por la Patria. Su principal objeción fue que las organizaciones vinculadas con la discapacidad no tuvieron una participación suficiente en la elaboración del texto definitivo.
De la Sota sostuvo que las entidades cordobesas le habían pedido avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, vigente hasta finales de 2026, en lugar de aprobar de manera acelerada un régimen permanente que todavía genera dudas sobre su financiamiento y cumplimiento.
Pese a ese reclamo, su pedido para que el dictamen volviera a comisión no prosperó.
La diputada también puso en duda los motivos que llevaron al oficialismo a modificar buena parte de su proyecto original.
Durante las negociaciones, La Libertad Avanza aceptó incorporar garantías sobre las pensiones, el Certificado Único de Discapacidad, la cobertura médica, la actualización de los aranceles y los recursos destinados a los prestadores.
De la Sota consideró que esa apertura respondía a una “necesidad coyuntural” del Gobierno ante la próxima llegada del papa León XIV. Según planteó, la Casa Rosada buscaría mostrar una política de protección que no sostuvo durante los últimos tres años.
La observación apunta a una contradicción evidente: Milei vetó la Emergencia en Discapacidad, se resistió a implementarla y posteriormente incorporó al Presupuesto 2027 una serie de modificaciones que volvían a restringir derechos y prestaciones.
Ahora, frente al riesgo de una nueva derrota parlamentaria y después de recibir cuestionamientos incluso de bloques aliados, el oficialismo aceptó cambiar más de la mitad del articulado original.
La posición de Natalia de la Sota no fue aislada dentro de la representación provincial. Ocho de los nueve votos negativos fueron de diputados cordobeses.
Además de De la Sota, rechazaron el proyecto los seis integrantes de Provincias Unidas vinculados con el gobernador Martín Llaryora: Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Brügge.
También votó en contra Gabriela Estévez, de Unión por la Patria. El noveno rechazo correspondió a la mendocina Lourdes Arrieta, mientras que los cuatro diputados del Frente de Izquierda se abstuvieron.
Los representantes cordobeses coincidieron en cuestionar que las organizaciones provinciales no fueran incorporadas plenamente al debate. También manifestaron desconfianza sobre las garantías de financiamiento y la aplicación efectiva de la cobertura mediante Incluir Salud.
Entre las entidades que expresaron reparos se encuentran la Mesa de Discapacidad de Córdoba, la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión, Federación Converger, el Colectivo 3 de Diciembre y la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba.
Pese al rechazo cordobés, el proyecto obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría superior a los dos tercios de la Cámara.
La iniciativa crea un régimen permanente y conserva varios de los derechos contemplados en la actual emergencia. Entre sus puntos principales, mantiene el Certificado Único de Discapacidad como instrumento de acceso a las prestaciones y garantiza una pensión equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima.
También permite compatibilizar la pensión con un empleo formal o el monotributo cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos. Preserva la cobertura de Incluir Salud, sostiene el nomenclador único y dispone actualizaciones mensuales de los aranceles de acuerdo con la inflación.
En materia presupuestaria, establece que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales y habilita aportes del Tesoro Nacional cuando las partidas de Salud resulten insuficientes.
El texto también obliga al Gobierno a presentar un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores y prohíbe suspender pensiones mediante cruces de datos sin una notificación previa y la posibilidad de presentar un descargo.
La iniciativa será tratada ahora por el Senado. Si la Cámara alta aprueba el mismo texto, será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La amplia mayoría conseguida en Diputados representa una señal política contra un eventual veto, pero no garantiza que el Gobierno cumpla la norma. Tampoco fue eliminado todavía el capítulo del Presupuesto 2027 que contiene disposiciones contrarias a varias de las protecciones incorporadas.
Ese es el punto central de la desconfianza planteada por De la Sota y las organizaciones cordobesas. La discusión no pasa solamente por reconocer que el texto aprobado incluye mejoras, sino por determinar si alcanzan para reemplazar la emergencia y si un Gobierno que anteriormente intentó recortar esas garantías efectivamente destinará los recursos necesarios.
