Por Jorge Conalbi Anzorena

Director Periodístico

Lo que en principio nació como una internilla entre dos funcionarios del gobierno municipal -disputándose el aplauso ciudadano a la hora de medir quién secuestraba más motocicletas con escape abierto- derivó en una inesperada batalla entre el Asesor Letrado de la Municipalidad y la oposición.

El primero en saltarle a la yugular a Daniel Villar fue Leandro Morer. El concejal radical impulsó un pedido de informe frente a la publicación de una vecina en una red social, en la que aducía haber sido víctima de "violencia de género” en un operativo liderado por el responsable de Seguridad Ciudadana, en el que se le había secuestrado la moto. Finalmente, el hecho no pasó a mayores porque la mujer no formalizó denuncia alguna ante la Justicia. En cambio, con la intención de despejar dudas, fue el propio funcionario municipal quien reclamó ante la Fiscalía que se investigue el episodio.

Días después, Roberto Brunengo cargó contra Villar en declaraciones periodísticas, sosteniendo que había sido denunciado. Réplica automática: el asesor letrado se apresta a demandar a Brunengo, sosteniendo que le endilga la comisión de un delito por el que jamás fue denunciado.

El concejal no se quedó de brazos cruzados. Rápidamente levantó la mira, le apuntó al conjunto del gobierno municipal y corrió a buscar la solidaridad de otras fuerzas políticas. Consiguió varios pronunciamientos. Además del apoyo de su propio partido y de la Alianza Cambiemos, sumó al Frente Unidad Ciudadana y al Partido Socialista. Y a la hora de agrandar la escenografía, obtuvo los pronunciamientos de la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (PRO Córdoba) y del Diputado Nacional Diego Mestre (UCR Córdoba).

El odontólogo encontró así una doble oportunidad en un período clave con vistas a las candidaturas del año próximo: por un lado, proyecta su imagen de opositor, legitimada incluso por otros espacios políticos. Por el otro, dirige una fuerte señal a sus competidores internos -sobre todo Morer- poniendo sobre la mesa una capacidad de articular nacionalmente que hasta ahora, otros dirigentes de Cambiemos no han mostrado.

Y como si fuera poco, Brunengo logra titulares buscando neutralizar la agenda que Facundo Torres Lima apuesta a marcar a fuerza de acciones de gobierno.

Rápidamente, el conjunto del gobierno municipal se corrió de ese escenario, caracterizando el tema como una pelea entre el concejal y el Asesor Letrado.

En otro planeta, como sabueso prendido a su presa, Villar redobla la apuesta. "En vez de intentar politizar, Brunengo debería ponerse a disposición de la Justicia y ofrecer la prueba que tenga. Él me calumnia adjudicándome delitos por los que ni siquiera he sido denunciado, y cuando ejerzo mi derecho, busca responder con comunicados, pero finalmente tendrá que hacerlo en Tribunales”, brama el funcionario. No se quedó ahí: el pasado miércoles distribuyó un artículo periodístico dando cuenta de la reciente condena a Daniel Giacomino por haber insultado a Miguel Ortíz Pellegrini.

Años atrás, en Alta Gracia, la situación fue inversa: Brunengo demandó un resarcimiento económico al entonces intendente Nolberto Gutiérrez, cuyo gobierno había investigado una actuación de Brunengo cuando estuvo al frente de la Dirección de Salud, durante el último gobierno de Audino Vagni.

El kirchnerismo

Bajo el reclamo "No a la judicialización de la política”,  el Frente Córdoba Ciudadana Alta Gracia expresó su "preocupación ante los recientes hechos de público conocimiento y difusión en los medios de comunicación locales que involucran al asesor letrado de la Municipalidad de Alta Gracia, abogado Daniel Villar, quien envió una carta documento a un concejal de la oposición donde lo amenaza con recurrir a la Justicia por injurias y calumnias a causa de una opinión emitida en un periódico local. 

Desde nuestro espacio, creemos que tales prácticas atentan contra la libertad de expresión e, indirectamente, contra la libertad de prensa”.

En un comunicado, la agrupación sostuvo que "cualquier concejal, independientemente de su filiación partidaria, y que ha sido elegido democráticamente por el pueblo, tiene el derecho y el deber de expresar su opinión incluyendo juicios de valor acerca de las realidades presentadas o la capacidad para llevarlas a cabo. Tales apreciaciones, que se encuadran en el discurso político, de ninguna manera deben ser respondidas a través de amenazas judiciales. Los procesos de judicialización de la política tienen como único efecto desa-lentar cualquier valoración negativa de la actual gestión”.

"Nos llama fuertemente la atención que, en el marco de la historia de censura, proscripción y persecución sufrida por el peronismo, sea precisamente un funcionario de este sector el que impulse tales prácticas”, agregó el parte de prensa.

"Confiados en que desde Unión Por Córdoba se haga pública una toma de posición y que se aísle la iniciativa de este funcionario, queremos también destacar que el hecho es simbólicamente aún más grave por la doble función del asesor letrado como Coordinador Ejecutivo del Concejo de Seguridad y, por lo tanto, vinculado a las fuerzas del orden y la justicia locales. No está de más, a dos semanas del 24 de marzo, insistir en continuar levantando las banderas de la Democracia”, finalizó.