(Prensa TSJ) Mediante el Acuerdo Reglamentario 144, serie B, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) aprobó un protocolo de actuación que regula el uso de dispositivos duales de protección a la vida y la integridad psicofísica de las víctimas de violencia familiar o de género. Estas pautas fueron consensuadas con todos los organismos que intervienen en el abordaje institucional de la problemática; esto es, la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar -que dirige la vocal del TSJ, María Marta Cáceres de Bollati-; la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Provincia; el Equipo Técnico del Poder Judicial de Córdoba; y el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género de la Policía de la Provincia.

En una primera etapa y como experiencia piloto, el acuerdo autoriza a las juezas con competencia en Violencia Familiar y de Género, Mariana Wallace y Laila Córdoba, a imponer a los presuntos agresores –en el carácter de medida cautelar- el uso de tobilleras. A la víctima, en tanto, se le entregará un equipo electrónico (similar a un teléfono celular) que permite registrar cualquier acercamiento. Cuando se detectara una proximidad inferior a los 1.500 metros entre denunciante y denunciado, el dispositivo dual emitirá una alerta a un centro de monitoreo a cargo de la Policía de la Provincia. 

El sistema de protección no reemplaza al botón antipánico, sino que ofrece a las autoridades judiciales un nuevo recurso para garantizar la seguridad de las personas que denuncian episodios de violencia. De acuerdo con la reglamentación, la entrega de los dispositivos duales será determinada por un juez con competencia en Violencia Familiar y de Género, que deberá evaluar los indicadores de gravedad, registrados en el anexo del formulario de denuncia; las constancias de la causa; y el informe elaborado por los Equipos Técnicos del Poder Judicial sobre la conveniencia de utilizar el sistema en el caso concreto.

En el protocolo de actuación se establece que la víctima recibirá su dispositivo en el Polo Integral de la Mujer. El presunto agresor, en cambio, será trasladado a una dependencia policial para la colocación de la tobillera y para que se le entregue otro equipo que deberá llevar consigo en todo momento. Por su carácter de medida cautelar, el uso del sistema siempre tendrá un plazo determinado por el juez que, eventualmente, podrá prorrogarse cuando las circunstancias así lo aconsejaran.

El dispositivo dual podrá retirarse si el presunto agresor ingresara a un centro carcelario o adujera razones de salud debidamente constatadas. En ese caso, deberán tomarse las precauciones necesarias para prevenir el acercamiento del presunto agresor a la víctima y para garantizar su integridad física. Superada dicha situación la tobillera podrá ser restablecida.