(Alta Gracia, de nuestra redacción) A pesar de la profusa participación en el debate virtual generado por la posible instalación del grupo Dinosaurio en la ciudad en las redes sociales, la respuesta a la convocatoria a un debate más real... resultó paupérrima. Apenas 14 vecinos inscriptos para participar de la Audiencia Pública del pasado 7 de diciembre, de los cuales sólo seis (dos de ellos, concejales) asistieron y plantearon sus inquietudes.

Las audiencias públicas como espacios de participación fueron garantizadas con la reforma Constitucional de 1994, que aseguró el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública. Así, las audiencias públicas se concibieron como una herramienta de participación ciudadana, a través de la cuál se otorga a los vecinos interesados la garantía de saber de qué se trata y de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión que puede afectar sus derechos.

Sin embargo -seguramente por su carácter no vinculante- nunca resultaron atractivas para una ciudadanía que parece entender que, de un modo u otro, sus demandas no serán tenidas en cuenta. Días atrás, quedó prácticamente desierta la Audiencia Pública donde se debatiría el aumento del boleto urbano en Córdoba. Meses antes, las audiencias para tratar el tarifazo al gas natural y la energía eléctrica -que el Gobierno Nacional debió realizar obligado por la Corte Suprema- resultaron las más concurridas de la historia, aunque en la de mayor asistencia, no se superaron los 400 oradores.

Puertas adentro, Alta Gracia pareció confirmar la dudosa utilidad de un instrumento que -al no ser vinculante-  se asemeja más a espacio de catarsis que a un foro de  definición de  políticas públicas.

Cumplido el trámite, a la empresa sólo le resta esperar la aprobación en el legislativo, al borde de los brindis que se avecinan.