El veto de dos ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante en diciembre de 2008 abrió el escenario político institucional de la municipalidad para un año que promete reposicionamientos políticos. Ambas normas obtuvieron el respaldo del propio bloque oficialista, pero eso no detuvo a Mario Bonfigli ($8.615,29) y las rechazó. La determinación del Intendente dio un revés a las dos leyes municipales que propiciaban por un lado, la expropiación de lotes ubicadas en barrio La Perla para destinarlo a cubrir la demanda de vivienda de los habitantes de Alta Gracia y por el otro, a la prohibición para los propietarios de estaciones de servicios de expender combustible a los motociclistas que lleguen sin casco al surtidor. Basta de controles El 26 de noviembre de 2008 quedó sancionada la ordenanza que prohibía el expendio en las Estaciones de Servicio de la ciudad el combustibles a motociclistas que no lleven su casco. La medida preventiva surgió de una iniciativa del bloque de Unión por Córdoba que obtuvo el apoyo unánime de todos los concejales. “Plantea dos aspectos que deben analizarse detenidamente. El primero es la facultad municipal de interferir en la comercialización de combustibles líquidos. Y la segunda es la delegación de la facultad de aplicar sanciones (...) a favor del Departamento Ejecutivo”, fundamentó el Asesor Letrado, Carlos Tello ($6.359,68). En ese dictamen se basó el Intendente para vetar la disposición legislativa. Al respecto el bloque de Unión por Córdoba adelantó que analizará los elementos vertidos, aunque insistiría en su vigencia. El edil Facundo Torres Lima ($6.459,68) dijo que no se trata de la primer localidad donde se implementa este sistema y mencionó a Carlos Paz como antecedente directo. Al tiempo que aseguró que recurrirá a sus pares en esa villa serrana y otras que tienen ordenanzas similares para asesorarse e intercambiar experiencias. Cabe recordar que la nueva discusión parlamentaria de una ordenanza vetada requiere la aprobación de los dos tercios de los votos emitidos en el Concejo Deliberante, es decir, seis de los nueve que dieron el visto bueno inicialmente. “Especuladores” beneficiados El segundo obstáculo interpuesto por Bonfigli fue a la intención de expropiar lotes ubicados en la zona de barrio La Perla para transfomarlo en la respuesta a la solicitud habitacional de muchos vecinos. La obtención de tierras a través de la expropiación otorga a las autoridades municipales dos años de plazo para cumplir con los fines y el objeto de la utilidad fijado. Los lotes de la Sociedad Comercial Colectiva Marías Hermanos -que varios concejales explicaron en la necesidad de acelerar los tiempos para que “especuladores” no avancen en negocios con la comercialización de esas tierras- dejó más tiempo para las posibles acciones de terceros beneficiados con la posición de Bonfigli. Algunos ediles manifestaron su descontento y aclararon que la información catastral de las tierras fue entregada por una de las abogadas encargada de la procuración, Leticia Luppi, casualmente depende de la asesoría jurídica municipal que conduce Tello. Enseñando a legislar En este caso, también el dictamen de Tello, en reemplazo de la Oficial Mayor, Silvana Bazán ($4.196,73), expresó: “El texto adolece de serias deficiencias legislativas que oportunamente trabarán, sin duda alguna, su implementación en el ámbito judicial”. La dura crítica a la labor parlamentaria alude a la ausencia de identificación dominial de cada lote: “la demanda de expropiación se debe dirigir contra el propietario, y para ello deberá solicitarse un informe individual al Registro de la Propiedad por cada lote, medida que hubiese resultado óptima antes de dictarse esta ordenanza”, sostuvo Tello.