En los primeros 90 días de aislamiento se registraron 12 casos de gatillo fácil, 23 casos de muertes en lugares de detención y 50 denuncias de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad en todo el país. Las cifras surgen de un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

La organización, referencia desde hace 30 años en la lucha con la represión y las violencias de los Derechos Humanos, detectó golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que participaron policías federales, provinciales, municipales, Gendarmería, Prefectura y servicios penitenciarios. Asimismo, destacan que “el gatillo fácil no disminuyó significativamente a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública”. El más reciente es el caso de Facundo Scalzo, en el Bajo Flores porteño, por el que hay tres gendarmes detenidos e imputados.

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El informe de CORREPI enumera otros casos que tuvieron una relativa repercusión pública, como el de Nahuel Gómez, en Temperley el 28 de marzo; Gastón Mirabal, en Córdoba el 3 de junio; Rubén Sarso, en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de abril; Alan Maidana, en Berazategui el 24 de mayo; Lucas Barrios, en la Isla Maciel el 30 de mayo; Augusto Itaurralde, el 14 de junio en Plátanos y su amigo Diego Arzamendia apenas 48 horas después en Berazategui.

Advierten, además, por un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías. “También se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales”, denuncia CORREPI. Y detalla que entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registraron 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles. “No son todos los hechos ocurridos, sino los que hasta el momento pudimos confirmar”.

Sin cuestionar las medidas de cuarentena o aislamiento, reafirman el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumpla el confinamiento.

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También señalan que es alarmante la situación en los lugares de encierro, en particular las cárceles. “En cuanto se planteó una medida como la posibilidad de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras soluciones procesalmente adecuadas para la población carcelaria en riesgo, nuevamente la presión de sectores reaccionarios bloqueó esas medidas, que fueron respondidas con la represión a los reclamos por las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de su libertad sin los privilegios de los que gozan represores, genocidas y otros ‘presos VIP’”, marca el informe.

Por otro lado, destacan la “falta de soluciones concretas para mujeres en situación de violencia machista y para el colectivo LGTTBIQ+, seriamente afectado por el creciente accionar represivo y que, como todo, sólo encuentra respuesta en la organización colectiva”. Durante estos tres meses, en CORREPI también alertaron que “situaciones extremas como las de los pueblos originarios no han hecho más que empeorar”.

El presidente Alberto Fernández exigió el 10 de junio, en el marco de la cuarta reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se "actúe con severidad pero siempre dentro de un estado de derecho" para terminar con la violencia institucional, luego de una cadena de casos de brutalidad policial que involucró a fuerzas de seguridad provinciales en Chaco, Tucumán y San Luis, entre los hechos más graves que generaron un repudio masivo en las últimas semanas.

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Desde el ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Sabina Frederic, reiteran que en cada hecho de violencia institucional en el que participaron agentes federales, se dispusieron acciones disciplinarias inmediatas, separación de los involucrados, e investigaciones internas, además de la colaboración con el Poder Judicial.