El debate social que plantea la necesidad de redefinir “la ciudad que queremos” reunió el martes 11 de agosto a más de medio centenar de personas en la sede de Uepc. La convocatoria estuvo enmarcada en la discusión por la elaboración de un Plan de Ordenamiento Urbano (Pou) que contemple diferentes visiones y demostró la preocupación de organizaciones ambientalistas, sociales, vecinos autoconvocados, sectores políticos, alumnos de nivel medio, entre otros, en busca de un desarrollo urbano sustentable. De realidades y problemas En este contexto, la presencia de dos experiencias registradas en localidades del Gran Córdoba –Carlos Paz y La Calera- aportaron enfoques a partir de realidades disímiles, aunque con conflictividades comunes, entre sí y con la situación que manifestaron los vecinos de Alta Gracia. La observación no se agotó en un aspecto particular, pero un denominador común lo signó la inquietud por la proliferación de barrios privados como una barrera a la libre circulación, como factor de deforestación y la consecuente pérdida del bosque nativo, junto con la disminución de los recursos hídricos. En Carlos Paz la reciente confección de la Carta Orgánica Municipal incluyó la creación de un Consejo de Planificación Urbano Ambiental destinado a fijar pautas generales de edificación y uso del suelo, y encargado de dictar el nuevo Código de Edificación en esa ciudad. Y la misma carta magna prohíbe los barrios privados. “La discusión ideológica y conceptual en Carlos Paz fue qué sociedad queremos, mientras unos proponían una sociedad segmentada otros lo hacíamos proyectando hacia la participación”, señaló Liliana Bina. En La Calera el negocio inmobiliario prolifera, y hasta la actualidad se autorizaron diez barrios cerrados. “Es la edad media al revés, con el pueblo en el medio y cerrado por estos country. El trabajo que iban a generar fue la excusa y sólo generaron puestos para albañiles y mucamas. Son conflictos instalados por la desigualdad social. Nosotros avanzamos en el Ordenamiento Territorial Participativo para cambiar esta realidad”, relataron miembros de esta organización en La Calera. Avances y desafíos En lo que respecta a Alta Gracia, el grupo de trabajo que avanzó –y continuará trabajando- en el estudio oficial del POU se organizó en comisiones que pretenden desglosar la normativa que regulará el desarrollo urbano y que se encuentra en el ámbito parlamentario local. El planteo incluyó la necesidad de preservar y ampliar los espacios verdes. Regulación y control en la actividad minera. Un informe integral de la cuenca hídrica de la región. Además, vieron con preocupación una contradicción entre el diagnóstico del proyecto oficial que sí contempla aspectos ambientales, de expansión urbana sustentable y armónica y sin barrios privados, con la parte resolutiva y normativa del POU que deja librado muchos aspectos. Y alertaron sobre la falta de un estudio de impacto ambiental de toda la ciudad previa elaboración de un proyecto de esta naturaleza. Y que por ley provincial deberían respaldarlo las autoridades municipales. Así como la restricción total de desmonte hasta la aprobación del nuevo ordenamiento. Luego de este análisis Bina acentuó la importancia de generar un “status quo” mientras se culmina con la discusión del nuevo ordenamiento urbano “sino este debate no sirve de nada”, sentenció. Ahora, más gente Por Jorge Conalbi Más de medio centenar de vecinos con distintas ideas y visiones se reunieron el pasado 11 de agosto para debatir sobre el Plan de Ordenamiento Urbano (Pou), nada más ni nada menos que la norma que definirá las características de la ciudad para los próximos diez años, como mínimo. ¿Qué hacer con los barrios cerrados?, ¿dónde ubicar los edificios en altura, si debe haberlos?, ¿cómo proteger el casco histórico y la identidad de la ciudad y al mismo tiempo facilitar el desplazamiento vehicular de un punto a otro?, son sólo algunos de los puntos contenidos en el Pou. La reunión no surgió de una convocatoria de la Municipalidad del Alta Gracia ni del Concejo Deliberante, aunque sí fue motorizada por la bancada socialista en el legislativo. Se reunió mucha gente interesada en aportar, vecinos que tienen cosas para decir y que encontraron un lugar donde hacerlo. “El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes”, expresa una de las definiciones más perimidas de la Constitución Nacional. Perimida porque no podía prever en aquel momento la profunda crisis de representatividad en la que aún hoy está inmerso el sistema político. Con desesperación, algunos concejales a los que sólo les importa no perderse los 7.100 por mes, se aferran a esa vieja definición y vienen oponiéndose desde hace años a medidas transformadoras. Una de las imprescindibles reformas a las que se oponen tiene que ver con lo electoral: separar la boleta del candidato a Intendente de la que postula a los aspirantes a concejales. Varios de ellos saben que si eso se hiciera jamás hubieran llegado al Concejo Deliberante, porque solos sacan muy poquitos votos y necesitan estar “colgados” de los sufragios que obtiene el candidato a Intendente. Pero… como a lo largo de la historia, a pesar de las dinosaurescas resistencias, la sociedad crea espacios cuando no los encuentra, abre las puertas que están cerradas y derriba los muros que intentan marcarle el límite. Claro que para transformar la institucionalidad representativa en una democracia participativa hace falta reformar la Constitución, pero esa reforma sólo será posible como consecuencia de más hechos como los del 11 de agosto, donde los vecinos de Alta Gracia empezaron a ha-cerse cargo un tema que desde décadas espera en el Concejo.