El último censo nacional se llevó adelante el 27 de octubre del 2010 y se espera que en octubre del 2020 se concrete el próximo.

Sin embargo, ya hay polémica en torno al relevamiento que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) que busca reflejar la cantidad de habitantes de un país y de cada una de las provincias y las condiciones materiales en las que viven.

Es que los nuevos cuestionarios registrarán en número de DNI, por lo que surge la pregunta: ¿La confidencialidad, una de las características del censo, dejaría de existir?.

Desde el gobierno defendieron la medida. “Cada censo refleja el contexto social y socioeconómico del momento y cada relevamiento incluye temas nuevos, o metodologías diferentes de acuerdo a las demandas y requerimientos del contexto histórico. El censo 2001 incluyó por primera vez la pregunta de autorreconocimiento indígena y de personas con discapacidad. El 2010 incluyó la pregunta de autorreconocimiento de población afrodescendiente. Lo propio del 2020 es la variable identidad y género, que responde al contexto de nuestra sociedad”, detalló a Infobae Gladys Massé, directora nacional de organización de los censos de población.

La funcionaria confirmó que por primera vez se incluirá el DNI en la sección de registros administrativos con el objetivo de “trabajar en forma integrada con otras fuentes de datos, encuestas, registros administrativos, para ver si en el futuro se puede simplificar la metodología censal”.

Esta información, que tendrá el Estado, no será difundida. “Nosotros no podemos brindar datos que permitan individualizar a las personas”, explicó Massé.

En contra del pedido de DNI
Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre, que se especializa en la protección de los datos personales se opone a la pregunta por el DNI.

Para la especialista “bancos multinacionales tienen filtraciones de bancos de datos. La ley protege esos datos, pero quizás un empleado infiel o un gobierno autoritario podría pasar esa información o hacerla pública. Si los datos se mantienen anónimos son preguntas interesante para realizar en un censo, pero si piden el número de DNI el anonimato queda abolido”.

Así, Busaniche argumentó: “El objetivo de un censo es tener un mapa de la población, no tener un banco de datos de las personas. El problema de los datos personales es grave. Hay una ley de protección de datos que es apropiada, pero desde que en 2000 De la Rúa vetó una parte de la ley no hay una autoridad que haga cumplir el texto”.

En esta misma línea, Carolina Rosas es doctora en estudios de población e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires manifestó: “Al incluir preguntas que identifican a las personas y develan su dirección laboral, se corre el riesgo de que aumente la desconfianza y los niveles de no respuesta, o que se produzca la subestimación de algunos sectores de la población que pueden decidir no abrirle la puerta al censista. Eso sería muy grave. Además, causa preocupación la duda de si el censo se va a transformar en una herramienta de control que podría ser conectada con otras bases de datos nacionales e internacionales”.