(Alta Gracia; SN) Martín Barrionuevo, presidente del Comité de Circuito Alta Gracia de la Unión Cívica Radical (UCR), se sumó a mediados del año pasado al espacio interno que comanda Mario Decara, titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

Desde que adhirió a ese agrupamiento, a Barrionuevo se lo nota mucho más inquieto con la política provincial. Y además, se moviliza en un Toyota Corolla blanco. Se trata de un modelo 2013, dominio NFB 924, asignado a la Defensoría del Pueblo de Córdoba por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba (TSJ), según consta en el portal de los tribunales provinciales.

El vehículo que conduce el referente local de Juntos Por El Cambio pertenece -según la Dirección de Rentas de Córdoba- a Grabriela Lucía Bernardi, quien en 2018 fue detenida imputada de estafas mediante la adulteración de documentos de identidad robados, con los que habría practicado estafas financieras y adquirido bienes y vehículos.

Si bien el auto registra deuda ante Rentas, figura como exento para el período 2023, seguramente porque se encuentra secuestrado por la Justicia.

Y la falta de deudas y multas, parece habilitar a Barrionuevo para estacionar en cualquier parte, como lo hizo este lunes frente a la Plaza Solares, en una zona prohibida y claramente señalizada con el cordón pintado de amarillo.

La entrega de autos secuestrados por la Justicia a dirigentes políticos -oficialistas y "opositores"- es el escándalo que estallo en octubre pasado, cuando Oscar González protagonizó un trágico accidente en el camino de las Altas Cumbres. En aquella ocasión el entonces titular de la Legislatura iba al mando de una camioneta BMW que le había asignado el TSJ.

Tras ese siniestro que le costó la vida a una docente y provocó gravísimas heridas en dos niñas de 14 años (una de ellas quedó cuadripléjica), el tema de los vehículos secuestrados se mantuvo en la agenda hasta que la Legislatura sancionó una ley, a fines de diciembre, estableciendo que se deberían devolver los vehículos que habían sido asignados al Poder Legislativo y al Ejecutivo. La norma, involucra unos 2.500 de los 3.500 vehículos en esa situación.

El tema es que el Defensor del Pueblo, si bien es designado por la Legislatura, cuenta con autonomía, es decir, no queda comprendido en ninguno de los otros poderes del Estado, aunque quienes utilizan esos automóviles secuestrados tengan permanente y evidente actividad política.

Decara, referente radical del departamento Punilla -con aceitada relación con el actual director del Banco Nación, el albertista Carlos Caserio- fue uno de los impulsores de la "re-re" de intendentes y jefes comunales. De hecho, fue quien patrocinó el intento de Tanti de sancionar una Ordenanza habilitando la reelección del intendente Luis Azar, invocando el derecho a la autonomía municipal.

Recientemente, Decara amagó con una posible candidatura, aunque dio marcha atrás cuando se vio venir una serie de presentaciones judiciales, ya que su cargo le impide dedicarse a la actividad política partidaria.