(Sumario Noticias, Dique Chico) Medardo Ávila Vázquez es médico pediatra y neonatólogo. Se desempeña como coordinador del módulo optativo "Determinantes Sociales de la Salud", de la Cátedra de Clínica Pediátrica en el Hospital Nacional de Clínicas, dependiende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En diálogo con Siempre Radio 93.3, analizó la situación puntual de Dique Chico respecto de las fumigaciones.

Semanas atrás, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba impidió que se fumigue a 500 metros de la escuela, aunque no prohibió la aplicación de agrotóxicos en otros puntos de la localidad de Dique Chico. A la par, un informe de la Universidad de Río Cuarto determinó que un grupo de veinte niños que viven en el pueblo tienen daño genético en sus células a causa de las fumigaciones o glifosato en la orina.

"Es realmente gravísima la situación de cómo ha respondido la Justicia. En vez de defender un derecho primordial como es la vida y la salud, prioriza el negocio sojero. Hemos hecho un relevamiento en Dique Chico. Es terrible lo que pasa. Hay todo tipo de pruebas de cómo las personas están expuestas a los agrotóxicos y le produce un daño. Han aumentado los cánceres, los hipotiroidismos, los abortos espontáneos, los casos de asma en Dique Chico. Aparte, están los estudios de genotoxicidad. Los niños tienen el daño en sus células. No significa que estén enfermos, pero están en un riesgo claro de tener cáncer. La maestra que toda la vida trabajó ahí tiene cáncer, su hijo murió de leucemia hace seis o siete años, más pruebas es imposible" señaló Ávila Vázquez. Respecto de las medidas que deberían tomarse, explicó que "tendría que prohibirse la fumigación y hacer un programa de recuperación para la gente".

La situación de Dique Chico no es muy diferente de la de otras localidades, en donde los pueblos debieron luchar contra los intereses de los productores y legislar sobre las fumigaciones. Sin embargo, sí es novedoso que en este caso, la Justicia impidiera que se haga efectiva la ordenanza. "En todo el país tenemos cerca de 400 pueblos que han dictado ordenanzas o amparos que están firmes. Pero en el caso de Dique Chico, se logró la ordenanza y en una forma realmente increíble, los sojeros fueron en contra de la ordenanza y la Justicia defendió los derechos de la agricultura tóxica. Es la forma en la que menos trabajan y más rendimiento les da" remarcó Ávila Vázquez.

Además, el profesional de la salud analizó los motivos políticos que influyeron en las decisiones judiciales. "Acá lo que pasó en Dique Chico es que los campos son de gente vinculada a la Justicia y a la vieja curia cordobesa. El gobierno de Córdoba protege totalmente el agronegocio. Cuando lográs demostrar en un pueblo todas estas condiciones, se da la posibilidad de que vayan a la Justicia y que los derechos de los sojeros tengan más poder que el de los enfermos. El problema de Dique Chico es que es un pueblito muy pequeño contra intereses muy poderosos" sentenció Ávila Vázquez.