(SN; con información de Télam) Luego de la salida del canciller uruguayo Francisco Bustillo, envuelto en el escándalo generado por el ocultamiento de información a la justicia, en el marco del pasaporte entregado a Sebastián Marset, quien es investigado por causas narco, el presidente Luis Lacalle Pou aceptó la renuncia de otros funcionarios, entre los que se encuentra el ministro del Interior Luis Heber.

"Ya saben de la renuncia de Bustillo, renuncia que acepté. Y en estos días el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y (el asesor presidencial) Roberto Lafluf, que no tiene competencias ni facultades de gobierno (...) me ofrecieron las renuncias y acepté las tres", manifestó el mandatario uruguayo en una conferencia de prensa dada en la noche de hoy después de reunirse a su regreso de Estados Unidos con sus socios de coalición y con la dirigencia del opositor Frente Amplio (FA).

La crisis en el gobierno uruguayo estalló el miércoles pasado, cuando el canciller Bustillo presentó su renuncia al cargo después de conocerse que quiso presionar a una subsecretaria de su cartera para ocultar información a la Justicia. El escándalo surgió después de que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache entregó a la Fiscalía unos chats que cruzó con Bustillo, en los que éste le sugería que "pierda" el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.

Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario Maciel y le pidió a ella que borre los mensajes y certifique con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.

"Tengo la íntima convicción de que tanto el ministro del Interior, el subsecretario, Francisco Bustillo y Carolina Ache no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte", dijo hoy Lacalle Pou, según recogió el diario El Observador. El mandatario, que defendió la entrega del pasaporte, dijo asimismo que tenía "la convicción" de que los funcionarios salientes "sabrán defender su honor y su persona" ante la Justicia, donde se dirimirá el asunto. A su vez, admitió que se estaba "ante un problema político", que "tiene una solución política", pero no una crisis institucional y negó que se haya ocultado información.

En la conferencia de prensa, Lacalle Pou informó que desde el lunes el nuevo ministro del Interior será Nicolás Martinelli, hasta ahora número tres de la cartera, y el nuevo subsecretario será Pablo Abdala, exdirector del Instituto del Niño y Adolescente (INAU). A su vez, el nuevo canciller será Omar Paganini, que se desempeñaba como ministro de Industria, mientras que su puesto será ocupado por Elisa Facio.

El mandatario uruguayo se reunió con varios integrantes de su coalición de Gobierno, entre ellos el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, que en la semana se había sumado a la oposición en el pedido de explicaciones sobre lo ocurrido.

En la residencia presidencial estuvo también el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien declaró que su partido actuará "con mesura", pero admitió que había "una crisis política y de gobierno importante". El FA pidió la salida de Heber, Maciel y Lafluf y Pereira, y anunció que el partido se reunirá mañana para analizar la situación y que a las 19 dará una conferencia de prensa, había advertido que si no dejaba su puesto el ministro del Interior se iba a pedir una "censura".

La polémica entrega del pasaporte uruguayo a Marset sacudió el año pasado al Gobierno de Lacalle Pou y derivó en ese momento en la destitución de un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Marset, prófugo de la Justicia e involucrado en el tráfico de cocaína en la región, recibió en 2021 un pasaporte uruguayo a través de un proceso exprés mientras se encontraba detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso. En agosto último, logró escapar de un operativo policial en Bolivia, donde se investiga ahora si tuvo ayuda policial y de funcionarios. En Paraguay se sospecha, además, que puede tener relación con el asesinato, en mayo del año pasado, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue atacado a tiros en una playa de Cartagena, Colombia, durante su luna de miel.