Debajo de cada noticia de un femicidio, hay al menos un comentario pidiendo la pena de muerte para los asesinos de las mujeres.

Que la justicia, y el Estado en su conjunto, debe actuar con mucho más énfasis contra la violencia de género, estamos de acuerdo.

Sin embargo, creer que la forma de hacerlo sea imponer la pena de muerte a los femicidas es una estupidez. Podemos matarlos legalmente a todos, pero mientras la matriz patriarcal siga intacta en la sociedad, incluyendo a lxs funcionarios públicxs, la violencia de género seguirá gozando de buena salud. Está comprobado estadísticamente que la pena de muerte no disminuye los delitos de ningún tipo.

La Argentina posee un cuerpo legal importante en el sentido de formación en perspectiva de género, entre las leyes más significativas se encuentran: La de Educación Sexual Integral (ESI), que tiene como objetivo garantizar educación sexual integral en las escuelas y fue sancionada en el 2006, y la llamada ley Micaela promulgada en 2019, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Estas leyes son promisorias en el sentido de formación de una sociedad más igualitaria y en la deconstrucción de formas de manifestación de la sociedad patriarcal en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Pero, el cumplimiento efectivo de estas leyes queda ligado a la voluntad y formación a demanda de las diferentes instituciones públicas. No hay coacción del Estado para que esa capacitación llegue a todos los rincones del país. Estas normas han permitido avanzar en la deconstrucción de formas de relaciones que evidencian violencias de diferentes tipos. Sin embargo, el número de femicidios no disminuye y, en muchos casos, la responsabilidad, directa o indirecta, de lxs agentes públicxs es crucial.

Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer el Estado para disminuir de manera urgente los números de femicidios hasta que lleguen a cero o representen una cifra insignificante?

El Estado argentino, que ha avanzado mucho en este sentido, no puede dejar todo librado a la buena voluntad de organizaciones sociales o de diversas instituciones. Urge la capacitación de todxs lxs agentes públicxs, que en todas las escuelas de todo el país y de todos los niveles y modalidades se brinde educación sexual integral, que se capacite a todxs lxs educadores en perspectiva de género para que pueda reconocer alertas de violencia en los vínculos del aula. Es imprescindible que el Estado asegure la formación y el compromiso sensible de aqullxs personas que reciben la denuncia y de lxs encargadxs de prevenir y de impartir justicia.

Las organizaciones feministas piden, ya hace tiempo, declarar la Emergencia nacional contra la violencia de género. Esto implicaría una mayor coordinación entre el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los municipios. Se exige un mayor seguimiento de las denuncias de las mujeres por violencia de sus parejas o ex parejas.

El punitivismo exacerbado y la venganza se alejan sustanciamente de la justicia, pero la impunidad despierta y acrecienta el sentido común reaccionario que alimenta a tantxs comentaristas de las redes sociales.

(*) Docente y miembro de (De)Formación Feminista