La Intendenta de Anisacate pretende aplicar un canon mensual de hasta $38.000 por cada poste instalado en la localidad. La Cooperativa de Luz denunció que la medida es ilegal y que el costo recaería en los vecinos.
Municipales13 de febrero de 2025 SN
(Anisacate; SN) La disputa entre la Municipalidad y la Cooperativa del Anisacate sigue escalando. Ahora, la gestión de la intendenta Natalia Contini busca cobrar un canon mensual de hasta $38.000 por cada uno de los aproximadamente 4.000 postes de luz instalados en la zona, lo que implicaría un pago de más de 180 millones de pesos por mes.
Carlos Ríos, presidente de la Cooperativa del Anisacate. (Foto: Jorge Conalbi Anzorena/Archivo SN)
En diálogo con Siempre Radio, el presidente de la cooperativa, Carlos Ríos, explicó que el cobro es ilegal y que ya se han iniciado acciones legales para frenar la medida. "Al principio pensamos que era un error de tipeo, pero no. Quieren cobrar entre $36.000 y $38.000 por poste, lo que suma un monto impagable", afirmó Ríos.
Según explicó en Juntos a la Par -el programa que conduce Marcelo Páez- la legislación vigente impide que los municipios cobren tasas por el uso del suelo o del aire a servicios públicos como el agua, la luz y el gas. De hecho, existen antecedentes judiciales en Córdoba que han rechazado intentos similares de otras municipalidades.
Además, la cooperativa detectó en la tarifaria municipal un cobro de $35.000 por cada nueva conexión y una tasa de $3.500 por cada conexión preexistente. "No sabemos bajo qué concepto se aplica ese cobro ni a qué se destinaría ese dinero", cuestionó Ríos.
El dirigente subrayó que, de aplicarse estos cargos, el costo terminaría trasladándose a los vecinos que pagan el servicio de luz. "Esto indefectiblemente afectará al bolsillo del asociado", advirtió.
Acciones legales y falta de diálogo
Ante esta situación, la cooperativa presentó un pedido de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia y solicitó un dictamen del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP).
"Estamos esperando la respuesta del ente regulador y confiamos en que se declarará ilegal esta medida", señaló Ríos.
A pesar de la disputa, el presidente de la cooperativa afirmó que mantiene el diálogo con la intendenta Contini, aunque no con el municipio en términos institucionales. "Cuando hay problemas con el servicio de agua o los transformadores, nos llama y vamos a solucionar el problema. Pero a nivel institucional, no hay comunicación", detalló.
Deuda municipal y eliminación de convenios
Otro de los puntos de conflicto es la deuda que mantiene el municipio con la cooperativa, que ya supera los 300 millones de pesos. "La deuda creció exponencialmente porque el precio del kilovatio aumentó mucho en el último año", explicó Ríos.
Además, la gestión de Contini eliminó el convenio de compensación de tasas que existía con la cooperativa. "Ese acuerdo permitía que el municipio recibiera un descuento del 28 por ciento en el costo del alumbrado público a cambio de compensar tasas municipales. Lo dieron de baja a partir del 1º de enero", afirmó.
Extensión del servicio y futuro incierto
Mientras enfrenta este conflicto con el municipio, la cooperativa sigue trabajando en la ampliación de la red de fibra óptica. "Ya cableamos todo el ejido de la cooperativa y llegamos hasta la escuela de Bajo Chico. Ahora queremos extendernos a la zona de La Marianita, pero para eso necesitamos alquilar postes a EPEC, lo que implica una burocracia que estamos gestionando", explicó Ríos.
La Subsecretaría de Educación de Alta Gracia informa sobre las opciones disponibles para terminar la primaria y secundaria, con modalidades presenciales y semipresenciales. También se abren inscripciones para carreras superiores en turismo.
Se trata de la firma de escritura del predio de Potrero de Loyola que, desde el municipio, aseguraron es un paso clave para la nueva sede judicial en la ciudad.
A modo de esbozo de balance social, la Municipalidad difundió una minuta detallando sectores que interactuaron en el recién finalizado 36ºEncuentro Anual de Colectividades. La entrada libre y gratuita se consolidó como la reconciliación de los vecinos con la fiesta.
El juicio por el despido de José Murúa en 2017 llega a su última instacia y promete echar leña al fuego del año año electoral. La demanda millonaria del exempleado que se consideró despedido estado con carpeta psiquiátrica. La respuesta de la Municipalidad, que lo acusa de haber actuado contra el estado local.
El intendente Marcos Torres destacó el impacto cultural y económico del evento, resaltando su carácter gratuito y la gran convocatoria de público.
Se dispondrá un vasto operativo que contemplará efectivos policiales, de Defensa Civil y de la Guardia Local. Inédito dispositivo de seguimiento en una sala demonitoreo.
Trabajadoras contratadas a través de una consultora para el Cosquín Rock denunciaron haber sido sometidas a condiciones laborales abusivas durante el festival. Relataron jornadas de hasta 18 horas sin acceso a agua ni comida, amenazas constantes y falta de transporte para regresar a sus hogares.
Pablo Carro, diputado nacional de Unión por la Patria, responsabiliza al Presidente por la promoción de la criptomoneda e insiste con impulsar el largo trámite del juicio político aunque -por ahora- no dan los votos.
Allanamientos en Villa del Prado: secuestran un vehículo, prendas y electrodomésticos en una investigación por un ataque con arma de fuego y un robo domiciliario.
Detuvieron a un hombre por el violento asalto en Av. del Libertador. La Policía realizó allanamientos y secuestró pruebas clave.
Cristina Pérez, periodista de La Nación + y esposa del ministro de Defensa Luis Petri, aseguró en su programa que hay un grupo de personas que "pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente"
