SN
(Buenos Aires; SN).- El panorama económico en Argentina atraviesa una fase crítica para el sector productivo. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde el inicio de la gestión de Javier Milei han desaparecido, en promedio, 30 empresas por día.
Esta sangría empresarial tiene un correlato directo en el mercado laboral: se contabiliza la pérdida de 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, lo que representa una caída diaria de aproximadamente 400 empleos registrados.
El mapa de la desindustrialización
Para Alberto Kahale, vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), estas cifras no son hechos aislados, sino el síntoma de una política que asfixia a la manufactura local.
“Hay fábricas de calzado que tenían 800 empleados y bajaron a 600, luego a 200, y ahora están cerradas. Fábricas que proyectaban crecimiento hace dos años, hoy son galpones vacíos”, señaló Kahale en declaraciones a El Destape.
Arancel Cero: ¿Precios bajos o pérdida de soberanía productiva?
En medio de este escenario, el Gobierno Nacional oficializó una medida que profundiza el debate sobre la protección de la industria local. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció que a partir de este jueves 15 de enero los aranceles de importación para teléfonos celulares pasarán a ser del 0%.
Según Adorni, la medida generará “menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos”.
Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la apertura permitirá una “mayor oferta y precios más competitivos” para el consumidor final.
Tierra del Fuego: El epicentro de la crisis
La decisión de eliminar aranceles impacta directamente en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, donde se fabrica el 94% de los equipos de aire acondicionado, televisores, microondas y telefonía celular del país.
La situación en las ciudades de Ushuaia y Río Grande es alarmante: Empresas del sector electrónico ya han comenzado a anunciar que no renovarán contratos y advierten que la baja en la producción, impulsada por la competencia de productos importados sin arancel, pone en duda la continuidad de miles de familias en la provincia más austral del país.
