Salvadora Onrubia
(Buenos Aires; SN).- Mientras miles de hectáreas de bosque nativo en la Patagonia son devoradas por los incendios que no dan tregua en la Patahonia, el Gobierno Nacional intenta recuperar el control de una agenda marcada por la indignación pública. Tras días de un silencio oficial que rozó la indiferencia y una exposición mediática del presidente Javier Milei centrada en su vida personal, la administración central finalmente oficializó un millonario desembolso para los bomberos voluntarios. Sin embargo, para muchos, la medida llega con el olor a ceniza ya instalado en las ciudades del sur.
El contraste: "La Patagonia arde, el Presidente canta"
La crisis ambiental encontró al presidente Javier Milei bajo los focos de un escenario muy distinto al de los centros operativos de emergencia. Las críticas estallaron y se viralizaron con dureza cuando, en el momento más crítico del avance del fuego, el mandatario viajó a Mar del Plata para visitar a su expareja, Fátima Florez, llegando incluso a subir al escenario para cantar y participar del espectáculo.
Bajo el lema "la Patagonia se quema y el Presidente está de joda", las redes sociales y los principales bloques opositores no tardaron en señalar la desconexión entre la tragedia ambiental y la agenda del Ejecutivo. Esta percepción de "insensibilidad" ha comenzado a pasar factura en los sondeos de opinión, donde se registra una caída en la imagen presidencial vinculada a la falta de gestión ante la emergencia ígnea y el desmantelamiento de áreas del Estado que antes centralizaban estas crisis.
Un espasmo oficial de 100 mil millones
Presionado por la creciente tensión política y el avance incontrolable de las llamas, el Gobierno Nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026. A través de esta norma, el Ministerio de Seguridad confirmó el destino de más de $100.000 millones para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones.
El grueso del presupuesto ($100.810.319.998,50) será distribuido entre 1.062 entidades de primer grado, lo que representa unos $94,9 millones para cada cuartel. El objetivo declarado es la compra de equipamiento, indumentaria de protección y el mantenimiento de materiales críticos para el combate del fuego.
No obstante, el flujo de estos fondos no será inmediato ni libre de condiciones. El Ministerio de Seguridad aclaró que los pagos estarán sujetos a la recaudación en el Banco Nación y, fundamentalmente, a que cada entidad tenga sus rendiciones de cuentas al día según el Manual de Subsidios. "La autoridad de aplicación suspenderá a cualquier beneficiaria que presente anomalías operativas o incumplimientos administrativos", advierte el texto oficial.
La demora en el envío de recursos y la falta de un despliegue nacional contundente desde el inicio del foco ígneo han generado un clima de hostilidad con los gobernadores patagónicos, quienes se vieron obligados a declarar la emergencia con recursos propios limitados.
