El ministro de Seguridad presentó una denuncia penal y se profundiza el conflicto entre el Tribunal de Cuentas y el Gobierno provincial. El Ministerio Público Fiscal deberá definir si el organismo de control se extralimitó en sus atribuciones, como sostiene el oficialismo cordobés.
Provinciales30 de enero de 2026
SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) Luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, con mayoría del juecismo, reprobó la licitación para la compra de 15 drones de alta tecnología para la Policía de Córdoba, cuyo monto rondaba los 7 millones de dólares, el conflictó entre el oficialismo y la oposición provincial escaló hasta llegar a la justicia, ya que el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si el organismo de control se excedió en sus atribuciones al frenar el proceso de compra.
“Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley”, sostuvo Quinteros al fundamentar la presentación judicial, informó LNM.
Desde el Ministerio de Seguridad precisaron que la denuncia busca establecer si la resolución del Tribunal de Cuentas respetó los límites legales del control preventivo de juridicidad o si avanzó sobre competencias que no le corresponden.
En ese marco, funcionarios provinciales ya habían advertido que el rechazo del expediente que proponía la creación de la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (SVANT) respondió a una estrategia política de la oposición, destinada a bloquear la incorporación de nueva tecnología a las fuerzas de seguridad. En la misma línea, el gobernador Martín Llaryora cuestionó la decisión a través de su cuenta de X: “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”.
Del otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, defendió la resolución y sostuvo que se trataba de una licitación “dirigida”, con un único oferente y por un monto millonario, argumentos con los que el organismo justificó el freno a la compra.
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