(Buenos Aires; SN).- Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) relevó 717 casos de conflictividad laboral entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026. El trabajo analizó conflictos difundidos en medios de comunicación y sitios sindicales. El estudio advirtió que la base no contempla la totalidad de los casos, sino aquellos que tomaron estado público.
El documento caracterizó el período por transformaciones macroeconómicas vinculadas al ajuste fiscal, la apertura importadora y la desregulación. En ese marco, señaló impactos sobre el nivel de actividad, el empleo y los salarios reales.
El 62,1 por ciento de los casos se registró en la industria. Los rubros más afectados fueron el textil, alimentos y metalurgia y siderurgia. Servicios explicó el 16,9 por ciento, con foco en recreación, transporte, medios y sanidad. El sector primario acumuló el 9,5 por ciento, comercio el 8,2 por ciento y construcción el 3,3 por ciento.
Los despidos representaron el 63,6 por ciento de los conflictos. Los cierres de empresas alcanzaron el 12,3 por ciento y las suspensiones el 10 por ciento. El informe recordó que entre noviembre de 2023 y octubre de 2024 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo citados en el relevamiento.
Las pymes concentraron el 39,1 por ciento de los casos. Los conglomerados extranjeros reunieron el 27,3 por ciento. Las empresas grandes explicaron el 18,3 por ciento y los grupos económicos el 11,9 por ciento. Las firmas estatales representaron el 3,5 por ciento. En el 71,5 por ciento de los conflictos se trató de compañías de capital nacional.
La provincia de Buenos Aires encabezó la nómina con el 25,8 por ciento de los casos. Santa Fe registró el 10,5 por ciento y Córdoba el 6 por ciento. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el 5,7 por ciento y Entre Ríos el 3,3 por ciento. El informe indicó que Tierra del Fuego y Tucumán también mostraron niveles relevantes de conflictividad.
Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, el promedio mensual de conflictos se incrementó. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos, con un promedio de 24 por mes. Desde fines de octubre de 2025 hasta febrero de 2026 se contabilizaron 210 casos, con un promedio de 42 mensuales.
En ese tramo, la industria explicó el 67,1 por ciento de los conflictos. Comercio representó el 14,3 por ciento y servicios el 11,9 por ciento. Los despidos continuaron como principal motivo, aunque crecieron los casos vinculados a crisis empresarias y cierres.
En la industria alimenticia, el informe describió 82 conflictos. Entre los casos mencionados se encuentra la láctea Lácteos Verónica en Santa Fe, con paralización de plantas y deudas acumuladas. En el sector avícola, Granja Tres Arroyos registró medidas de fuerza por deudas salariales. La actividad yerbatera en Misiones frenó cosechas por precios considerados insuficientes por productores.
En metalurgia y siderurgia, el relevamiento detalló suspensiones y despidos en Acindar, con paradas temporales y reducción de personal entre 2024 y 2025. También mencionó el cierre de Fornax en Rosario.
En el sector automotor, el informe señaló la reducción de personal en General Motors en su planta de Alvear, Santa Fe. La empresa pasó de más de 1.000 trabajadores a fines de 2023 a unos 600 operarios hacia noviembre de 2025, entre retiros voluntarios y despidos. La firma confirmó un esquema de producción intermitente para 2026.
El documento concluyó que la conflictividad laboral funcionó como un indicador de las tensiones en el mercado de trabajo durante el período analizado. Señaló que la tendencia posterior a las elecciones legislativas mostró una aceleración de los casos y una mayor dispersión territorial.
