(Buenos Aires, 28 febrero; NA).– El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones. La iniciativa avanzó tras una jornada con protestas en las inmediaciones del Congreso y quedó convertida en ley con una mayoría construida por el oficialismo junto a bloques aliados.
Las abstenciones correspondieron a Natalia Gadano y José Carambia. El resultado confirmó las previsiones que anticipaban un desenlace favorable para la Casa Rosada.
La norma no incorpora mecanismos de regularización del trabajo no registrado. Tampoco contempla la situación de quienes se desempeñan en plataformas digitales ni aborda la realidad de los monotributistas. El texto no incluye herramientas frente al impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo. El eje central se concentra en la modificación de relaciones laborales vigentes, con cambios que impactan en sindicatos, convenios colectivos e indemnizaciones.
La Cámara alta convalidó la versión modificada en Diputados, que eliminó el artículo 44. Ese punto habilitaba una reducción de hasta el 50 por ciento del salario para personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.
Entre los aspectos más cuestionados figuran la regulación de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
Durante el debate, el senador por Chaco de La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, sostuvo que “esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”. Como miembro informante, afirmó que la norma introduce definiciones salariales “para evitar la alta litigiosidad”.
Godoy defendió la creación del Fondo de Asistencia Laboral como herramienta para brindar previsibilidad ante despidos. También destacó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y su articulación con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Señaló que más del 70 por ciento del empleo depende de pymes y remarcó la eliminación de impuestos internos y la actualización de estatutos profesionales.
En el cierre del debate, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, celebró el resultado y afirmó que la reforma busca “darle previsibilidad a las empresas y a los trabajadores”. Tras la votación, reunió a su bancada para una foto en el recinto. El oficialismo consideró la sanción como un hito de la gestión de Javier Milei.
Desde el bloque Justicialista, Mariano Recalde rechazó la iniciativa y la calificó como una “ley monstruosa” por la cantidad de normas que modifica. Cuestionó el tratamiento acelerado y anticipó judicialización. “Es una ley que va proliferando los trabajadores que quedan por fuera de la ley de contratos de trabajo”, sostuvo.
Ana Marks afirmó que la reforma es “flexibilizadora” y que no genera empleo. Cristina López indicó que votó en defensa de la industria fueguina. Jorge Capitanich advirtió que el proyecto puede aumentar el desempleo y profundizar la precarización. Marcelo Lewandowski señaló que “no moderniza, precariza”. Daniel Bensusán remarcó que los derechos laborales no pueden eliminarse mediante reformas regresivas. Adán Bahl sostuvo que la propuesta apunta a “despidos baratos”. Florencia López cuestionó que se utilice la creación de empleo como argumento para reducir derechos.
El jefe del interbloque Justicialista, José Mayans, definió la iniciativa como “una ley anti trabajador” y denunció un tratamiento exprés. Sostuvo que el Fondo de Asistencia Laboral vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y anticipó conflictos judiciales.
Desde el PRO, Victoria Huala valoró la eliminación del artículo 44 y respaldó la reforma en nombre del apoyo a pymes y empleo. Andrea Cristina consideró que la actualización normativa es necesaria para mejorar la competitividad.
La ley no introduce un régimen de blanqueo laboral ni herramientas específicas para reducir la informalidad estructural. No regula el trabajo en plataformas ni redefine el encuadre de nuevas modalidades derivadas del cambio tecnológico. El texto se centra en reformular condiciones de contratación y despido, con impacto directo en la negociación colectiva y en el rol de las organizaciones sindicales.
Con la promulgación pendiente, el Gobierno avanza en una transformación del esquema laboral que promete reducir litigiosidad y costos, mientras la oposición anticipa un escenario de controversia judicial y conflicto social.
