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(Alta Gracia; SN) En su columna en Siempre Radio, el economista Eduardo González Olguín analizó el escenario económico actual y advirtió sobre un fuerte desfasaje entre las previsiones oficiales y la dinámica real de los precios, junto a un deterioro creciente de la situación social.
Según detalló, la inflación en Córdoba durante marzo fue del 3,3%, lo que lleva el acumulado del primer trimestre al 9,2%. El dato cobra relevancia si se lo compara con el 10,1% de inflación anual previsto en el presupuesto nacional para todo 2026. “Toda la política fiscal está desfasada, ya salió de escuadra”, señaló.
El economista remarcó que el impacto es mayor en los rubros básicos. Mientras el índice general marcó 3,3%, los alimentos subieron 3,6%, con picos más altos en productos esenciales como lácteos (5%) y azúcar (7%). “Todo lo que tiene que ver con la supervivencia está más castigado”, afirmó.
En ese contexto, advirtió sobre el umbral de pobreza en la provincia: una familia necesita ingresos superiores a 1.828.000 pesos para no ser considerada pobre, mientras que la línea de indigencia supera el millón de pesos. “Es muy difícil la supervivencia en Córdoba”, sostuvo.
González Olguín también cuestionó los indicadores oficiales y mencionó el caso de La Plata, donde la inflación de marzo alcanzó el 5,4%, como un reflejo más cercano a la percepción cotidiana. “Es lo que uno ve cuando va al supermercado”, indicó.
Otro de los puntos críticos señalados fue el aumento de los combustibles, que superó el 20% en marzo. El economista consideró incongruente que, siendo Argentina un país productor de petróleo, los precios internos reflejen valores internacionales.
En paralelo, advirtió sobre el impacto de la recesión. Describió un escenario de “estancamiento con inflación” y vinculó la caída de la recaudación a la baja del consumo y a menores ganancias empresariales. En ese marco, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de suspender más de 900.000 planes del programa Volver al Trabajo.
“Se pretende reemplazarlos con vouchers para insertarse en el mercado laboral, pero el mercado está expulsando trabajadores”, explicó. Para el economista, la medida responde a la necesidad de ajustar las cuentas públicas, en un contexto de reducción de la carga tributaria a sectores de mayores ingresos y caída de impuestos como el IVA y Ganancias.
Además, advirtió sobre el riesgo social de estas decisiones. “Se está jugando con fuego”, afirmó, al señalar que incluso organismos internacionales recomiendan sostener este tipo de asistencia para evitar conflictos sociales.
Finalmente, cuestionó las modificaciones a la ley de glaciares y alertó sobre sus posibles consecuencias ambientales. Señaló que la normativa original protegía apenas el 1% de la cordillera, y que su flexibilización podría habilitar actividades extractivas en zonas clave para la preservación del agua.
También apuntó contra dirigentes cordobeses que facilitaron el tratamiento legislativo del tema. “Hay que tener en cuenta quiénes dieron quórum”, concluyó.
La columna reflejó un diagnóstico crítico sobre la economía nacional y provincial, con énfasis en la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste fiscal y las tensiones sociales en aumento.
