(Buenos Aires; SN).- El Gobierno nacional analiza avanzar en una reforma tributaria que incluiría modificaciones en el régimen de monotributo y una ampliación del universo alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, en línea con las recomendaciones incluidas en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre las propuestas que circulan en el Ministerio de Economía aparece la posibilidad de reducir progresivamente el esquema simplificado para pequeños contribuyentes y facilitar el pase al régimen general, lo que implicaría mayores cargas impositivas para millones de trabajadores independientes. El planteo surge de documentos técnicos vinculados al programa económico acordado con el organismo internacional.
El FMI sostiene que Argentina necesita una “reforma sustancial” del sistema tributario para fortalecer el equilibrio fiscal y mejorar la recaudación. En ese marco, el organismo recomienda “armonizar la tasa del monotributo” y avanzar hacia tributos “más simples y mejor administrados”.
La discusión también incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias para ampliar la base de contribuyentes alcanzados, especialmente trabajadores en relación de dependencia que hoy quedan fuera del tributo por los pisos vigentes. Según distintas versiones periodísticas, el objetivo oficial sería aumentar la recaudación sin recurrir a nuevos impuestos, aunque la iniciativa ya genera resistencia entre sectores sindicales y profesionales.
Actualmente existen casi cinco millones de monotributistas en Argentina y buena parte de ellos podría verse obligada a migrar al régimen general, con mayores obligaciones contables y fiscales. Distintos especialistas advierten que la medida podría impactar de lleno sobre trabajadores independientes, pequeños comerciantes y emprendedores.
Mientras tanto, desde el Gobierno evitan confirmar públicamente los detalles de una eventual reforma. Sin embargo, las señales incluidas en el acuerdo con el FMI alimentan las especulaciones sobre un nuevo rediseño impositivo. Porque si algo nunca pierde vigencia en Argentina, es la capacidad del Estado para encontrar maneras creativas de cobrar más.
