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(Córdoba; SN) El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba ordenó a PAMI e Incluir Salud regularizar y mantener al día los pagos de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad, al hacer lugar a una acción de amparo colectiva presentada ante la Justicia.
La sentencia fue dictada por el juez federal Miguel Vaca Narvaja y alcanza a miles de beneficiarios de pensiones no contributivas que dependen de servicios brindados por hogares, centros de día, transportistas, terapeutas y otros profesionales vinculados a la atención de personas con discapacidad.
La acción judicial había sido impulsada por la abogada Marta Lastra, referente de la organización Defendamos Córdoba en temas de discapacidad, ante las reiteradas demoras e irregularidades registradas en los pagos desde fines de 2025.
En su resolución, el magistrado cuestionó con dureza la actuación del Estado nacional y sostuvo que no puede invocar razones de control administrativo o presupuestario para incumplir obligaciones esenciales vinculadas a derechos fundamentales.
“No puede el Estado Nacional esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir con obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado”, afirmó el juez en el fallo.
Además, advirtió que mantener esa conducta podría derivar en responsabilidades civiles o penales para los funcionarios responsables.
La sentencia también remarca que la demora en los pagos constituye un acto “arbitrario e ilegal” y ordena al Ministerio de Salud garantizar el cumplimiento inmediato de la legislación vigente para evitar la interrupción de tratamientos y servicios indispensables.
Según surge de la resolución, durante el proceso judicial se constataron retrasos de hasta cinco meses en la cancelación de prestaciones ya realizadas, una situación que puso en riesgo la continuidad de numerosos servicios destinados a personas con discapacidad.
El fallo destaca que la asistencia integral en discapacidad constituye una política pública y que los derechos vinculados al acceso a prestaciones de salud no pueden quedar reducidos a meras declaraciones formales.
“La asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país”, sostiene la resolución, que además enfatiza que el acceso efectivo a estos servicios resulta indispensable para garantizar la dignidad y autonomía de las personas beneficiarias.
Desde Defendamos Córdoba señalaron que el alcance colectivo de la medida permitirá proteger no solo a los usuarios del sistema, sino también a las instituciones y profesionales que dependen de esos pagos para sostener sus actividades.
La decisión judicial llega en medio de un prolongado conflicto entre prestadores, familias y organismos nacionales por las demoras en los pagos y el incumplimiento de compromisos asumidos en materia de discapacidad.
Con este fallo, la Justicia ordenó a PAMI e Incluir Salud normalizar de forma urgente e ininterrumpida las prestaciones, priorizando la continuidad de los tratamientos por encima de las restricciones administrativas o presupuestarias.
