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(SN) – El Gobierno de Javier Milei avanzó con una amplia renovación de cargos en la Justicia nacional y federal. A través de 28 decretos publicados en el Boletín Oficial, oficializó 33 designaciones: 21 magistrados, seis conjueces, cuatro fiscales y dos defensoras públicas.
La cantidad de nombramientos no es el único dato relevante. En medio de la implementación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, cinco de las vacantes cubiertas corresponden a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, uno de los principales tribunales que intervienen en los conflictos entre trabajadores, sindicatos y empleadores.
En términos concretos, esta Cámara revisa las sentencias de primera instancia y puede definir cómo se interpretan y aplican las normas laborales. Por eso, su integración adquiere especial importancia frente a los cambios promovidos por el Gobierno en indemnizaciones, convenios colectivos, aportes sindicales y relaciones de trabajo.
Las designaciones fueron realizadas luego de que los postulantes recibieran el acuerdo del Senado, paso exigido por la Constitución Nacional.
Los magistrados designados en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo son Diego Javier Tula, para la Sala II; Claudio Fabián Loguarro, para la Sala III; Diego Fernando Manauta, para la Sala V; Marina Edith Pisacco, para la Sala VI; y María Claudia Jueguen, para la Sala X.
Sus postulaciones habían sido enviadas por el Poder Ejecutivo y fueron tratadas el 9 de junio por la Comisión de Acuerdos del Senado. En esa audiencia también fue analizado el nuevo nombramiento de Víctor Pesino, el camarista que intervino en resoluciones favorables a la vigencia de la reforma laboral y cuya continuidad durante otros cinco años fue oficializada esta semana. Senado de la Nación
La llegada de cinco integrantes a distintas salas no garantiza que sus decisiones acompañen al Ejecutivo. Sin embargo, modifica la composición de un fuero estratégico y coloca bajo observación los criterios que adoptarán ante las futuras demandas contra las medidas laborales del Gobierno.
El paquete de nombramientos también tiene impacto directo en Córdoba. Milei designó a seis conjueces para intervenir en los juzgados federales de primera instancia pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones provincial.
Los nombrados son Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y Andrea Cristina Di Gregorio.
Los conjueces son abogados habilitados para reemplazar temporalmente a magistrados titulares cuando existen vacantes, licencias, recusaciones u otros impedimentos. Aunque no ocupan permanentemente un juzgado, pueden intervenir y tomar decisiones en expedientes de relevancia.
El Gobierno también cubrió cargos en tribunales orales, cámaras federales y juzgados de distintas provincias. Entre ellos aparecen designaciones en Tucumán, Salta, Chaco, Misiones, San Juan, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uno de los nombramientos destacados es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Ese tribunal tiene jurisdicción sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tramita expedientes relacionados con presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino y una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde.
La nómina se completa con cuatro fiscales federales y dos defensoras públicas. En total fueron 33 designaciones formalizadas mediante 28 decretos, y no 28 nombramientos, como indicaron inicialmente algunas publicaciones.
El movimiento permite cubrir vacantes que afectaban el funcionamiento de distintos tribunales, pero también le da al Gobierno la posibilidad de incidir en la renovación del Poder Judicial. La atención estará puesta especialmente en el fuero laboral, que deberá resolver los conflictos derivados de una reforma cuestionada por sindicatos y organizaciones de trabajadores.
