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(Buenos Aires; SN) El presidente Javier Milei confirmó por otros cinco años al juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y firmante de dos decisiones judiciales de fuerte impacto político: la restitución provisoria de la reforma laboral y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.
El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 615/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. Pesino continuará como vocal de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo desde el próximo 27 de julio.
Ese día cumplirá 75 años, la edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura. Para continuar en el cargo necesitaba un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. La renovación tiene una duración de cinco años y podrá repetirse mediante el mismo procedimiento.
La Cámara alta aprobó su pliego el jueves pasado, como parte de un paquete de 29 designaciones judiciales y 26 diplomáticas.
La continuidad de Pesino quedó atravesada por la cercanía temporal entre una decisión favorable al Gobierno y el inicio del procedimiento para extender su mandato.
El 23 de abril, Pesino y la camarista María Dora González modificaron el efecto de la apelación presentada por el Estado contra una medida cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la reforma laboral.
La Sala VIII no resolvió en ese momento la cuestión de fondo ni determinó si los artículos cuestionados eran constitucionales. Lo que hizo fue otorgarle efecto suspensivo a la apelación del Gobierno. En la práctica, esa decisión dejó sin efecto temporalmente la cautelar y permitió que la reforma volviera a aplicarse mientras continuaba el proceso judicial.
Un día después, el Ministerio de Justicia activó el trámite para que Pesino pudiera permanecer en su cargo después de cumplir 75 años. La proximidad entre ambos acontecimientos generó cuestionamientos por parte de la CGT y de sectores de la oposición.
El pedido formal de acuerdo ingresó posteriormente al Senado bajo el expediente PE-137/26 y fue tratado por la Comisión de Acuerdos el 9 de junio.
La controversia se profundizó el 22 de mayo, cuando Pesino y González firmaron otro fallo de alto impacto para el sindicalismo.
La Sala VIII declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica y extendió esa nulidad a los comicios nacionales que habían consagrado nuevamente a Abel Furlán como secretario general.
El tribunal sostuvo que el proceso electoral estuvo atravesado por irregularidades que impedían garantizar una elección transparente. Como consecuencia, ordenó el cese de las autoridades y dispuso la intervención judicial del sindicato durante 180 días, con el objetivo de convocar a nuevos comicios.
La decisión provocó el rechazo de la UOM y de otras organizaciones sindicales, que cuestionaron el alcance de la medida y vincularon el fallo con la posición del gremio contra la reforma laboral del Gobierno.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Acuerdos, Pesino debió responder preguntas sobre la secuencia entre sus decisiones judiciales y el avance de su nombramiento.
El camarista reconoció haber mantenido reuniones en el Ministerio de Justicia y afirmó que sabía que el 24 de abril se publicaría el inicio del trámite para solicitar su continuidad.
La oposición puso bajo sospecha el momento en que se produjo el fallo sobre la reforma laboral, aunque no presentó pruebas que acreditaran un acuerdo entre el magistrado y el Poder Ejecutivo. Pesino rechazó los cuestionamientos y defendió su actuación judicial.
Ante la incertidumbre sobre si el Senado trataría su pliego antes de su cumpleaños, el juez había presentado además una acción judicial para evitar que su cargo fuera declarado vacante. Luego de obtener el acuerdo de la Cámara alta, desistió de esa presentación y el expediente fue archivado.
La decisión del Gobierno contrasta con el trato recibido por Martín Irurzun, otro camarista que también llegó a los 75 años y solicitó permanecer en su cargo.
En ese caso, el Poder Ejecutivo no envió su pliego al Senado y pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara el concurso para cubrir la vacante en la Cámara Federal porteña.
La Constitución habilita al Presidente a decidir qué magistrados propone para permanecer cinco años más, siempre con acuerdo del Senado. Sin embargo, el contraste entre ambos casos vuelve a poner en discusión los criterios políticos utilizados para definir qué jueces continúan y cuáles deben dejar sus cargos.
Pesino ingresó al fuero laboral en 1971, fue designado juez de primera instancia en 1989 y llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 2011. Con la firma de Milei y el respaldo del Senado, permanecerá ahora en un tribunal decisivo para los conflictos entre el Gobierno, los trabajadores y las organizaciones sindicales.
