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(Buenos Aires; SN) – La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá que grandes contribuyentes y titulares de patrimonios millonarios accedan al denominado régimen de Inocencia Fiscal, hasta ahora limitado por el nivel de ingresos y bienes.
El proyecto obtuvo media sanción con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. Fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques aliados. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
Aunque el Gobierno presenta la iniciativa como una simplificación destinada a quienes conservaron ahorros fuera del sistema financiero, la modificación concreta consiste en borrar todas las barreras económicas de ingreso: ya no existirán límites de facturación ni patrimonio y tampoco quedarán excluidos quienes sean considerados grandes contribuyentes nacionales.
De ese modo, un mecanismo presentado originalmente como una herramienta para facilitar el cumplimiento tributario pasará a estar disponible también para las personas de mayor capacidad económica del país.
La denominada Inocencia Fiscal no consiste solamente en completar una declaración jurada más sencilla.
El régimen permite que una persona acepte la liquidación de Ganancias preparada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA— a partir de la información existente en sus sistemas.
Si el contribuyente acepta la declaración y paga el impuesto correspondiente, la obligación se considera cumplida tanto en su aspecto formal como material.
Además, la Ley 27.799 establece una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas de Ganancias e IVA correspondientes a períodos anteriores que todavía no hayan prescripto.
Mientras esa protección se mantenga, el contribuyente queda liberado de eventuales acciones civiles, infracciones administrativas y delitos tributarios o aduaneros relacionados con esos períodos.
ARCA solamente puede romper esa presunción si impugna la última declaración y detecta una “discrepancia significativa”. Allí se encuentra la diferencia entre una simple reducción de trámites y un verdadero blindaje frente a futuras fiscalizaciones.
La legislación vigente permite acceder a esta modalidad únicamente a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan tres condiciones:
Estos requisitos deben cumplirse durante el año anterior a la adhesión y los dos períodos fiscales previos. Así lo informa el propio organismo recaudador.
El proyecto aprobado por Diputados elimina esas tres restricciones. Si el Senado lo convierte en ley, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán adherir, independientemente de cuánto ganen, cuántos bienes posean o su importancia para la recaudación nacional.
La reforma también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para ingresar al esquema.
El Gobierno incorporó la obligación de realizar las operaciones mediante el sistema financiero formal y sostuvo que ARCA conservará sus facultades para controlar a los contribuyentes de mayor capacidad económica.
Sin embargo, esos controles convivirán con el efecto liberatorio y la presunción de exactitud que concede el régimen.
El proyecto establece que ARCA podrá impugnar una declaración simplificada cuando detecte una diferencia que provoque un aumento del impuesto o una reducción de los quebrantos equivalente, como mínimo, al 15% de lo declarado.
Mientras la discrepancia no alcance ese porcentaje, el contribuyente conservará la protección sobre los períodos fiscales anteriores.
Para el oficialismo, este esquema reemplaza la sospecha permanente por un principio de confianza hacia quienes cumplen con sus obligaciones.
La oposición advirtió que la modificación reducirá la capacidad del Estado para detectar evasión, investigar patrimonios injustificados y reconstruir el origen de fondos mantenidos fuera del sistema.
Durante el debate, Juan Grabois cuestionó que el Gobierno elimine los límites justamente cuando el régimen comenzaba a funcionar.
“Todas las leyes son para los de arriba, para el 1% más rico”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria.
Martín Lousteau también rechazó la iniciativa y advirtió que, detrás de la simplificación prometida, se encuentra una degradación de la capacidad de ARCA para perseguir a evasores seriales, personas vinculadas con el narcotráfico y funcionarios corruptos.
La diputada Mariela Coletta calificó el proyecto como una “obscenidad fiscal” y reclamó que el Gobierno informe cuántos funcionarios nacionales ya ingresaron al régimen vigente.
Desde La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado defendió la reforma y sostuvo que busca dejar de considerar sospechosos a quienes recurrieron al dólar y a la informalidad como resguardo frente a años de inflación.
Nicolás Mayoraz, encargado de cerrar el debate oficialista, afirmó que no todas las personas con dinero fuera del sistema son delincuentes y aseguró que la exteriorización de esos fondos permitirá ampliar el crédito y la actividad económica.
La representación de Córdoba quedó dividida durante la votación.
A favor se pronunciaron Belén Avico, Gabriel Bornoroni, Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Luis Picat, María Celeste Ponce, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y Laura Soldano, todos integrantes de La Libertad Avanza.
En contra votaron Carolina Basualdo, Juan Brügge, Natalia de la Sota, Gabriela Estévez, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Juan Schiaretti.
Alejandra Torres se abstuvo.
El discurso oficial coloca bajo una misma categoría a pequeños ahorristas que compraron dólares durante décadas y a personas con patrimonios de miles de millones de pesos.
Sin embargo, la ley vigente ya permite ingresar a quienes perciben hasta $1.000 millones anuales y poseen bienes por hasta $10.000 millones. La reforma no amplía el régimen hacia abajo: elimina el techo para incorporar a quienes superan esos valores.
La iniciativa tampoco constituye todavía una ley. El Senado deberá decidir si confirma una modificación que, bajo el nombre de “Inocencia Fiscal”, extenderá a las mayores fortunas del país una protección sobre sus declaraciones tributarias anteriores.
Mientras trabajadores, comerciantes y jubilados afrontan impuestos sobre consumos, ingresos declarados y operaciones registradas, el Congreso comenzó a abrir una vía especial para que fondos de origen no acreditado ingresen al sistema con menores riesgos de fiscalización.
La pregunta de fondo no es si todas las personas deben ser consideradas inocentes. Es por qué el Estado necesita conceder un blindaje extraordinario para convencer a los sectores con mayor capacidad económica de que declaren el dinero que mantuvieron fuera de su alcance.
