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(Córdoba; SN) – La licencia por seis meses concedida a Ramón «Cañito» Flores quedó rápidamente desbordada por la crisis política. Después del pedido público de renuncia formulado por la senadora Alejandra Vigo, el oficialismo provincial evalúa apartar al legislador si no deja voluntariamente su banca.
Según trascendidos provenientes de la Legislatura, dentro del bloque Hacemos Unidos por Córdoba existe un fuerte malestar y habría sectores dispuestos a avanzar con un apartamiento por tiempo indeterminado.
La medida reemplazaría en los hechos a la licencia por 180 días sin goce de sueldo que la Unicameral aprobó esta semana con 34 votos oficialistas y el respaldo de la legisladora aliada Karina Bruno.
El eventual regreso de Flores a su banca quedaría condicionado al cierre de la investigación judicial, su posible elevación a juicio y la resolución definitiva del proceso relacionado con los abusos contra niñas investigados en Villa de María del Río Seco.
Otra posibilidad considerada dentro del oficialismo es que el propio legislador presente su renuncia durante las próximas horas. Esa salida evitaría una nueva votación y reduciría el costo político que el caso comenzó a generar sobre la gestión provincial.
Flores había solicitado una licencia por seis meses después de que la investigación judicial alcanzara a personas vinculadas con su estructura política.
Uno de sus asesores permanece detenido e imputado dentro de la causa que investiga hechos de grooming, abuso sexual y explotación de menores en Villa de María del Río Seco. También quedaron bajo cuestionamiento otros integrantes de su entorno político y laboral.
Flores no está imputado en el expediente. Sin embargo, la gravedad de los hechos y la relación institucional con uno de los detenidos provocaron pedidos de apartamiento desde la oposición y abrieron una fractura dentro del propio peronismo.
El oficialismo rechazó inicialmente avanzar con su exclusión y respaldó solamente el alejamiento temporal. Sin embargo, la licencia no logró cerrar la discusión.
La presión continuó creciendo dentro de la Legislatura y llegó hasta referentes centrales del espacio gobernante.
La senadora nacional Alejandra Vigo se convirtió en la figura de mayor peso político dentro del peronismo cordobés en reclamar públicamente la salida definitiva de Flores.
“Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”, afirmó en declaraciones a Cadena 3.
Vigo sostuvo que la política debe asumir la responsabilidad frente a hechos de esta gravedad y reclamó revisar los mecanismos utilizados para incorporar asesores dentro de la Legislatura.
“Es la política la que tiene que dar ese paso”, señaló. También planteó la necesidad de discutir “cuáles son los requisitos para que uno pueda incorporar un asesor”.
La senadora formuló el reclamo a título personal, pero su intervención modificó el escenario. Vigo es una de las principales referentes del peronismo provincial y su pronunciamiento dejó expuestas las diferencias existentes dentro del oficialismo.
Algunos funcionarios y legisladores consideran que Flores debe abandonar definitivamente la banca, mientras otros sostienen que no corresponde exigirle la renuncia porque no está involucrado judicialmente.
Las posiciones más duras se concentran especialmente entre legisladoras del oficialismo, quienes manifestaron su rechazo a la permanencia de Flores incluso bajo licencia.
Otros integrantes del bloque habían defendido el apartamiento temporal y señalaron que una expulsión no podía fundamentarse en una imputación inexistente.
Esa postura comenzó a perder fuerza frente al crecimiento del escándalo, el reclamo de Vigo y la presión opositora. El debate dejó de limitarse a la situación judicial de Flores y pasó a concentrarse sobre su responsabilidad política por las personas incorporadas a su estructura legislativa.
El apartamiento por tiempo indeterminado aparece ahora como una salida intermedia entre la licencia ya aprobada y la expulsión definitiva exigida por la oposición.
No obstante, una renuncia permitiría al Gobierno provincial clausurar con mayor rapidez un conflicto que ya comenzó a golpear directamente al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.
La oposición consideró insuficiente la licencia y anticipó que continuará impulsando la exclusión de Flores mediante el artículo 99 de la Constitución provincial.
El radicalismo sostuvo que la honorabilidad y el prestigio de la Legislatura quedaron afectados por la actuación del legislador y de integrantes de su cuerpo de asesores.
“Insistiremos hasta que el oficialismo entienda que esto no es una cuestión política ni personal, es una cuestión de Estado y de entender que hay cosas que no se arreglan con bombas de humo”, expresó el bloque de la UCR.
También concejales capitalinos de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, el PRO, Cordobeses por la Libertad y Ciudadanos manifestaron su repudio por los hechos investigados y cuestionaron los vínculos laborales, políticos y funcionales entre personas involucradas en la causa y el legislador departamental.
