(Buenos Aires; SN) El Gobierno nacional publicó este viernes el Decreto 868/2026, con el que reglamentó y agilizó el procedimiento para sancionar a empresas y personas que participen de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete anunciado durante su mensaje en cadena nacional, en momentos en que avanza el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y encabezado por Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí.
El decreto no crea un nuevo régimen de sanciones. Su punto de partida es la Ley 26.659, que ya prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional y establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para quienes incumplan esas disposiciones.
Lo novedoso es que -ante el derrumbe de la imagen del Presidente y con la campaña por la reelección de Mileia la vuelta de la esquina- el gobierno apela a aquella ley impulsada por Fernando "Pino" Solanas en 2011..
El Decreto 868 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
Además, obliga a todos los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional a informar a Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles, cualquier hecho del que tomen conocimiento que pudiera constituir una violación de la legislación argentina sobre explotación de hidrocarburos en la zona.
Una vez detectados indicios suficientes, Cancillería podrá abrir un sumario administrativo y notificar al presunto infractor.
A partir de esa notificación, la empresa o persona investigada dispondrá de diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Luego, la autoridad tendrá otros diez días para resolver el expediente, salvo que sea necesaria una etapa probatoria.
Si se aplica una sanción, la resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial y comunicarse, entre otros organismos, a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal para que evalúen las acciones legales correspondientes.
La legislación vigente establece que quienes realicen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización pueden quedar inhabilitados para operar en el país durante un período de entre cinco y 20 años.
El propio decreto recuerda que, desde la sanción de la Ley 26.659, diez empresas fueron declaradas “clandestinas” por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Entre las compañías vinculadas actualmente con Sea Lion se encuentran Rockhopper y Navitas. Ambas ya habían sido alcanzadas por actuaciones y sanciones argentinas debido a sus actividades en el área en disputa.
El proyecto Sea Lion está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Malvinas y prevé avanzar hacia la producción de petróleo. Esa explotación constituye una extracción ilegal de recursos naturales argentinos y una modificación unilateral de la situación existente en el área cuya soberanía disputan Argentina y el Reino Unido.
Otro aspecto relevante del decreto es la incorporación de la cuestión Malvinas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A partir de ahora, los vehículos que pretendan adherirse al régimen deberán presentar una declaración jurada afirmando que tanto ellos como las personas o empresas con participación directa o indirecta en el proyecto no realizan ni realizarán actividades prohibidas por la Ley 26.659.
Antes de aprobar la adhesión, la autoridad del RIGI deberá consultar a Cancillería para determinar si el solicitante —o alguno de sus socios directos o indirectos— incurrió en actividades vinculadas con la explotación ilegal de hidrocarburos.
De esa manera, una empresa relacionada con operaciones no autorizadas alrededor de Malvinas podría quedar no sólo expuesta a las sanciones específicas de la legislación hidrocarburífera, sino también fuera de los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios ofrecidos por el RIGI.
La decisión del Ejecutivo apunta especialmente al avance de Sea Lion. Durante la cadena nacional, Milei sostuvo que la explotación prevista constituye una amenaza concreta porque supone la extracción de un recurso natural no renovable en un espacio sobre el cual Argentina reivindica soberanía.
El Gobierno también anunció que enviará al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que buscará endurecer todavía más el esquema vigente.
Según lo anticipado oficialmente, la iniciativa pretende extender las consecuencias a los proveedores de las compañías involucradas, impedir que los infractores puedan contratar dentro de Argentina y crear un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar políticas de Defensa, Inteligencia, Cancillería, Seguridad y Economía.
El decreto publicado este viernes constituye, así, el primer paso concreto posterior al discurso presidencial. Mientras el endurecimiento de las penas requerirá el paso por el Congreso, el Ejecutivo ya puso en marcha un mecanismo administrativo más rápido para utilizar las sanciones existentes contra quienes participen de la explotación petrolera sin autorización argentina.
La avanzada se produce cuando el desarrollo de Sea Lion vuelve a colocar los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa de soberanía con el Reino Unido, en un escenario al que Milei sumó además el alineamiento de su gobierno con Estados Unidos y las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición estadounidense respecto de Malvinas.
