(Buenos Aires; SN, con información de NA) El Gobierno nacional quedó bajo cuestionamiento por una aparente contradicción entre su anunciada ofensiva contra las compañías que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas y los beneficios concedidos a un proyecto del que participa una petrolera británica con antecedentes de operaciones en la zona en disputa.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa que recibió beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según señaló el legislador, el proyecto fue aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 y está destinado al desarrollo de actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
El punto central de la denuncia está en los antecedentes de Harbour Energy. Ferraro sostuvo que se trata de la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021.
Premier Oil había sido alcanzada en 2013 por una resolución de inhabilitación basada en la Ley 26.659, debido a sus actividades de exploración hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional, en cercanías de las Islas Malvinas.
De esta manera, según la presentación del diputado, una empresa vinculada con aquellas operaciones terminó participando años después de una inversión alcanzada por uno de los regímenes de promoción económica más importantes impulsados por el actual Gobierno.
La denuncia adquiere además una dimensión política particular porque se conoció después de que el Ejecutivo anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
El Gobierno busca endurecer las consecuencias para quienes desarrollen actividades petroleras en el área sin autorización argentina. Sin embargo, el planteo de Ferraro coloca bajo la lupa los controles realizados antes de conceder los beneficios del RIGI a Southern Energy.
La cuestión pasa entonces por determinar cómo una compañía señalada por sus antecedentes vinculados con la explotación hidrocarburífera alrededor de las islas pudo integrar una sociedad beneficiada por el régimen nacional.
El RIGI fue creado para atraer grandes inversiones mediante ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante períodos prolongados. Por eso, la participación denunciada no supone solamente una discusión administrativa: plantea si el Estado terminó otorgando incentivos a capitales vinculados con actividades que simultáneamente pretende sancionar por afectar los derechos soberanos argentinos.
Southern Energy desarrolla un proyecto destinado a la producción y exportación de gas que contempla un importante despliegue de infraestructura y logística en el sur argentino.
El esquema prevé la llegada mensual de buques que transportarán aproximadamente 3.500 tubos destinados a la instalación de cañerías necesarias para el emprendimiento.
Mientras avanza el proyecto, permanece pendiente una resolución judicial sobre la denuncia presentada.
El caso abre así otro frente alrededor de la política oficial sobre Malvinas: mientras el Gobierno endurece públicamente su discurso y anuncia sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina, ahora deberá responder por qué una petrolera señalada por ese mismo antecedente aparece dentro de un emprendimiento beneficiado por el RIGI.
