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(Córdoba; SN). El avance de la inteligencia artificial, la utilización de deepfakes, las operaciones con criptoactivos y la creciente sofisticación de las estafas digitales plantean nuevos desafíos para investigadores y funcionarios judiciales. Esos cambios en las modalidades delictivas estarán en el centro de un congreso internacional que se desarrollará la próxima semana en Córdoba.
Entre el 14 y el 17 de septiembre, la provincia será sede del 2.º Congreso Internacional “Córdoba Cibersegura 2026” y de una nueva edición del entrenamiento ForCIC Centro, una instancia específica de capacitación para quienes intervienen en investigaciones de ciberdelitos.
La actividad, organizada por el Ministerio de Seguridad provincial bajo el lema “Unidos contra el delito”, reunirá a especialistas, investigadores, funcionarios judiciales, integrantes de fuerzas de seguridad y representantes de diferentes sectores estratégicos.
El objetivo será analizar las transformaciones que introdujo la tecnología tanto en la comisión de delitos como en las herramientas disponibles para investigarlos.
Uno de los ejes del encuentro será el uso de inteligencia artificial y deepfakes, tecnologías capaces de generar o alterar imágenes, audios y videos y que pueden ser utilizadas en maniobras de fraude y otras modalidades delictivas.
También se abordará la trata de personas en entornos digitales y un aspecto particularmente sensible para las investigaciones judiciales: los límites constitucionales para obtener evidencia almacenada en teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.
La discusión atravesará así no solamente las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas, sino también las garantías y restricciones legales que deben respetarse al incorporarlas a una investigación penal.
Otro de los temas será el crecimiento de las operaciones con criptoactivos y las técnicas disponibles para reconstruir movimientos de fondos. Los especialistas analizarán herramientas de trazabilidad, huellas digitales, biometría e inteligencia criminal aplicadas a investigaciones complejas.
Del encuentro participarán además organismos y empresas vinculados con áreas sensibles de la administración y los servicios públicos, entre ellos la Caja de Jubilaciones de Córdoba, EPEC, Lotería de Córdoba y el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor).
La segunda parte de las actividades tendrá un perfil eminentemente práctico. Durante el 16 y 17 de septiembre se realizará el entrenamiento ForCIC Centro, destinado específicamente a personas que trabajan en investigaciones vinculadas con el ciberdelito.
La capacitación contempla laboratorios sobre técnicas de ataque y defensa informática, talleres de informática forense y utilización de herramientas para seguir operaciones realizadas con criptoactivos. También se trabajará sobre técnicas aplicadas a la investigación de delitos informáticos.
La apertura del congreso estará encabezada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y contará con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre ellas el director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri.
Quinteros sostuvo que los cambios en las modalidades delictivas obligan a actualizar las capacidades de investigación del Estado.
“El delito cambia y el Estado tiene que cambiar más rápido. Hoy no alcanza con tener una Policía preparada para la calle: también necesitamos investigadores capaces de seguir una huella digital, rastrear una operación con criptoactivos, detectar una maniobra de fraude o identificar cómo se utiliza la inteligencia artificial para cometer un delito”, señaló.
El funcionario destacó además la necesidad de articular el trabajo de policías, fiscales, jueces y especialistas frente a delitos cuya investigación puede requerir conocimientos técnicos cada vez más específicos.
El congreso se inscribe en una problemática que dejó de limitarse a los delitos informáticos tradicionales. La expansión de la inteligencia artificial, la posibilidad de falsificar contenidos audiovisuales con creciente realismo y la utilización de activos digitales obligan a investigadores y a la Justicia a desenvolverse en un escenario en permanente transformación.
