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(Alta Gracia; SN).- La Policía de Córdoba confirmó la detención de un sargento primero y la imputación de una oficial ayudante por el episodio ocurrido en el "camino de los lecheros" entre Alta Gracia y Villa del Prado, donde dos adolescentes de 16 años denunciaron haber sido golpeados y amenazados durante una intervención policial.
La detención fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, en el marco de la investigación iniciada por el hecho ocurrido durante la madrugada del 4 de septiembre.
Según pudo saber Sumario Noticias, el efectivo detenido es el sargento primero Villarreal, de 36 años. La otra integrante del móvil es la oficial ayudante Fernández, de 23 años, quien fue imputada pero permanece en libertad.
Hasta el momento no se informaron oficialmente los delitos atribuidos a cada uno de los policías debido a que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.
Además de la causa penal, la Dirección General de Control de Conducta Policial tomó intervención de manera inmediata y dio participación al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.
La causa comenzó a partir de la denuncia presentada por dos adolescentes de 16 años que circulaban en una motocicleta por el Camino de los Lecheros, en Villa del Prado.
Axel Aurich, abogado de las familias, había relatado en Siempre Radio 93.3 que los jóvenes fueron interceptados por un móvil policial y que, después de detenerse, habrían sido arrojados al suelo y golpeados.
Como consecuencia del episodio, uno de los adolescentes sufrió lesiones en el rostro y el otro terminó con fracturas de tibia y peroné.
El letrado también denunció que el efectivo masculino habría desenfundado su arma reglamentaria y amenazado de muerte a los jóvenes si contaban lo sucedido.
Respecto de Fernández, Aurich señaló que se encontraba presente durante el episodio, aunque aclaró que no habría participado directamente de los golpes ni de las amenazas. Su eventual responsabilidad forma parte de la investigación.
La Fiscalía continuará con el análisis de las declaraciones, los certificados médicos, las imágenes de las cámaras de seguridad y el resto de las pruebas incorporadas. Ambos efectivos conservan su derecho a defensa y la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.
