(Buenos Aires; NA).- La Argentina puede convertirse en una potencia energética, pero eso servirá de poco si los argentinos pagan la energía como si el país no tuviera petróleo ni gas.
En las condiciones actuales del país, donde el horizonte cercano habla de autoabastecimiento energético, es importante no concebir el subsidio como una ayuda del Estado al consumidor, sino como un mecanismo de distribución social de la renta generada por recursos estratégicos nacionales.
Es decir, es la participación que todos tenemos sobre las ganancias de los recursos naturales, propiedad de todos los argentinos.
El verdadero debate no es subsidios sí o no: es quién se queda con la renta extraordinaria de nuestros recursos naturales. Las empresas deben recuperar su inversión y ganar; pero si la riqueza está bajo suelo argentino, una parte de esa renta también debe volver a sus dueños: los argentinos.
El recurso estratégico genera una renta extraordinaria. Petróleo, gas, litio, minerales, recursos hidroeléctricos o determinadas ventajas naturales no son creados íntegramente por la empresa que los explota.
La empresa aporta capital, tecnología, organización, asume riesgos y debe obtener una rentabilidad muy razonable; pero una parte del valor económico proviene de la existencia misma del recurso y de su localización en territorio argentino.
La renta debe distinguirse del costo de producción. No sostengo que producir gas, petróleo o electricidad sea gratis, ni que las empresas deban operar sin obtener beneficios.
La producción energética tiene costos concretos: extracción, transporte, infraestructura, inversión, amortización, salarios, mantenimiento, tecnología y financiamiento.
Y, naturalmente, quien invierte y asume riesgos debe obtener una rentabilidad empresaria razonable y atractiva.
Lo que discuto es algo diferente: quién se apropia de la renta extraordinaria que excede ampliamente esos costos y una rentabilidad empresarial razonable.
Que una empresa obtenga ganancias es legítimo; que la totalidad de una renta extraordinaria originada en la explotación de un recurso estratégico nacional quede exclusivamente en manos privadas es otra cuestión.
Mi planteo es que una parte de esa renta extraordinaria debe retornar a sus verdaderos propietarios: los argentinos.
Si nuestros recursos naturales generan una ventaja económica excepcional, esa ventaja no puede beneficiar únicamente a quien posee la concesión, realiza la extracción o comercializa el recurso.
Por eso, debe existir un mecanismo mediante el cual una parte de ese excedente se distribuya socialmente.
Eso es lo que denomino subsidio: no un simple gasto fiscal destinado artificialmente a abaratar una tarifa, sino un mecanismo de redistribución de la renta de los bienes estratégicos nacionales, mediante el cual una parte del beneficio extraordinario generado por esos recursos vuelve a la sociedad en forma de energía accesible, menor costo de vida y mayor competitividad para la producción argentina.
La población puede participar de ella mediante tarifas energéticas inferiores a determinadas referencias internacionales, subsidios focalizados o generales, infraestructura, reducción de costos productivos, fondos soberanos, regalías, transferencias fiscales o una combinación de estos instrumentos.
Esto permite además responder a la crítica habitual de que “los subsidios distorsionan los precios”.
Algunos subsidios efectivamente pueden ser fiscalmente insostenibles, regresivos o estar mal diseñados.
Por ejemplo, subsidiar indiscriminadamente el consumo de sectores de altos ingresos con déficit fiscal financiado mediante emisión o deuda.
Esto es muy diferente de utilizar una renta generada por un recurso estratégico para reducir estructuralmente el costo energético de hogares y producción nacional.
El falso “sinceramiento” no corrigió la economía, solo trasladó costos. La mano del Estado dejó de proteger a las familias vulnerables.
Las tarifas se convirtieron en un gasto rígido y caro para los hogares. Los beneficios se trasladaron exclusivamente a corporaciones con tarifas dolarizadas.
El acceso a la energía es indispensable para una vida digna. No es un privilegio del mercado. La dignidad humana no puede ser una “variable de ajuste” fiscal. Soberanía es diseñar tarifas para nuestras familias, no para los mercados externos.
La energía debe ser un insumo para producir, no una herramienta de especulación financiera. Las tarifas dolarizadas encarecen los costos de producción local. La energía es un insumo para producir; cuando sube, sube todo.
La solución: desacople y “costo argentino”. Establecer tarifas basadas en costos reales de producción + rentabilidad razonable. Resultado: estabilidad, previsibilidad y soberanía.
Cuando el Estado abandona todo mecanismo de control, la ventaja natural que posee la Nación deja de existir. Es decir, se pierde la ventaja económica para sus habitantes y productores.
¿Para qué sirve que Argentina tenga Vaca Muerta si un hogar o una industria argentina debe pagar necesariamente la energía como si el país tuviera que importarla a precios internacionales?
En otras palabras, decir que las “tarifas están atrasadas” es sacarle a la nación argentina el privilegio de ser dueña de sus recursos naturales para dársela solo a la empresa extractiva y vaya uno a saber a qué político de turno que conceda el beneficio de la concesión de extracción.
Los recursos estratégicos de una Nación deben producir una ventaja estratégica para su pueblo.
La empresa que los explota tiene derecho a recuperar su inversión y obtener una rentabilidad razonable; pero parte de la renta que nace de la riqueza natural del territorio debe ser participada a la comunidad que es titular de esa riqueza.
La energía debe dejar de ser un ancla para convertirse en el motor del desarrollo nacional.
