(Villa La Bolsa; SN).- Una denuncia por presuntas situaciones de violencia de género, acoso, hostigamiento y abuso de autoridad dentro del área de Defensa Civil sacude a la Comuna de Villa La Bolsa. Las actuaciones se iniciaron después de que cinco mujeres que habían trabajado como voluntarias relataran diferentes episodios ocurridos durante su paso por el organismo.
La situación fue comunicada formalmente al presidente comunal, Alberto Nieto, mediante una nota presentada por la Secretaría de la Comisión Ejecutiva Comunal. El documento detalla las intervenciones realizadas y solicita la adopción de medidas institucionales preventivas mientras avanza la investigación.
Según pudo saber Sumario Noticias, la denuncia fue radicada en la Unidad Judicial de Alta Gracia y una de las mujeres involucradas ya prestó declaración. Por el momento, las actuaciones se encuentran en una etapa inicial y no se brindaron mayores precisiones para proteger la identidad de quienes realizaron las presentaciones.
Los hechos denunciados involucran a Lucio Miño, una persona vinculada al área de Defensa Civil. La nota enviada a Nieto solicita que se dé intervención al asesor letrado de la Comuna para evaluar las medidas administrativas que correspondan.
De acuerdo con la comunicación institucional, cinco exvoluntarias se acercaron para relatar diferentes situaciones atravesadas durante el período en el que estuvieron vinculadas con Defensa Civil.
Ante la gravedad de lo manifestado, se les solicitó que documentaran sus testimonios por escrito. Finalmente, fueron recibidas cuatro presentaciones firmadas y un relato personal, mientras que una de las mujeres pidió efectuar una exposición de manera individual.
La documentación fue llevada al Polo Integral de la Mujer de la ciudad de Córdoba para solicitar asesoramiento sobre el procedimiento que correspondía seguir. Desde ese organismo indicaron que los hechos debían ser puestos en conocimiento de la Unidad Judicial de Alta Gracia.
La funcionaria comunal se presentó posteriormente ante la autoridad judicial y entregó la documentación para que se iniciara la investigación.
La intervención fue enmarcada en la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en la normativa provincial vigente.
Según pudo conocer este medio, Nieto comunicó su intención de separar preventivamente a Miño de sus funciones mientras se esclarecen los hechos denunciados.
Hasta el cierre de esta nota, no se había informado oficialmente si la medida ya fue formalizada mediante una resolución administrativa.
En la presentación elevada al presidente comunal se reclama que cualquier decisión tenga como finalidad resguardar a las mujeres involucradas, evitar nuevas situaciones de exposición y garantizar el normal funcionamiento institucional. El pedido no anticipa responsabilidades penales o administrativas, cuya determinación dependerá de las actuaciones correspondientes.
El documento también señala que una de las mujeres habría comunicado anteriormente a Nieto situaciones relacionadas con los hechos ahora denunciados.
La nota reconoce que existen diferentes interpretaciones sobre lo conversado durante aquella reunión y, por ese motivo, solicita la intervención de profesionales especializados en perspectiva de género.
En caso de que la Comuna no cuente con esos recursos, propone articular el abordaje con el Punto Mujer o el Polo Integral de la Mujer.
Además de las medidas vinculadas directamente con Miño, la presentación plantea una serie de cambios para prevenir y abordar situaciones similares dentro de la administración comunal.
Entre ellos se encuentra la implementación de capacitaciones obligatorias en perspectiva de género y prevención de las violencias para funcionarios, trabajadores administrativos, agentes y responsables de todas las áreas.
También se propone establecer como criterio la elaboración de actas cuando se realicen reuniones relacionadas con posibles situaciones de violencia de género. Esos documentos deberían registrar los temas tratados y las medidas acordadas, siempre bajo resguardo de la identidad de las personas involucradas.
Otro de los pedidos es la creación o adopción de un protocolo institucional que establezca cómo deben recibirse, derivarse y seguirse las denuncias dentro de la Comuna.
“La responsabilidad institucional no se agota en la intervención judicial”, sostiene la presentación, que reclama medidas de prevención, cuidado y fortalecimiento de las condiciones de convivencia dentro de los espacios de gestión pública.
