(Buenos Aires; SN, con información de NA e Infobae). La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales sumó este martes un nuevo capítulo judicial. La Justicia declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento inmediato. Sin embargo, la Casa Rosada ya anticipó que apelará la decisión.
El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La resolución dejó sin efecto el mecanismo establecido por el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había supeditado la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Cormick ordenó al Gobierno el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y el dictado de las normas necesarias para ejecutarla. La legislación contempla recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, recomposición salarial de docentes y no docentes, becas estudiantiles, investigación y hospitales universitarios.
El conflicto tiene su origen en la decisión de Milei de vetar la ley aprobada por el Congreso. Las dos cámaras rechazaron posteriormente ese veto con las mayorías necesarias y ratificaron la norma. Frente a esa situación, el Ejecutivo promulgó la ley, pero condicionó su aplicación efectiva a la existencia de partidas y fuentes específicas para financiarla.
Para el juez, esa maniobra excedió las facultades del Ejecutivo. Cormick sostuvo que el decreto no superaba un mínimo examen de razonabilidad porque permitía suspender una ley sobre la cual el Congreso ya había insistido con las mayorías agravadas previstas constitucionalmente. Además, consideró que el mecanismo terminó funcionando como una nueva instancia de veto no contemplada por la Constitución.
El magistrado también rechazó el argumento central del Gobierno acerca de la imposibilidad presupuestaria de aplicar la norma. Según recordó en su resolución, la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado el impacto fiscal de la ley en alrededor del 0,23 por ciento del Producto Bruto Interno.
La respuesta de la administración Milei fue inmediata. Fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno apelará el fallo y continuará discutiendo judicialmente la aplicación de la ley.
Según informó Infobae, la Procuración del Tesoro ya trabaja en la estrategia para recurrir la sentencia y analiza otras herramientas legales que permitan evitar el desembolso inmediato de los fondos. Desde el Ministerio de Capital Humano también descartaron abrir una negociación política con las universidades.
La posición oficial sostiene que corresponde al Congreso establecer de dónde deben salir los recursos necesarios. El Ejecutivo calcula que la aplicación de la norma demandaría más de un billón de pesos y argumenta que esa erogación podría comprometer el equilibrio fiscal, uno de los principales objetivos económicos del Gobierno.
El juez, sin embargo, cuestionó ese razonamiento: señaló que la propia ley permite recurrir a reasignaciones presupuestarias y mayores ingresos de la recaudación y recordó que durante 2025 el Ejecutivo modificó partidas mediante decretos y decisiones administrativas.
La controversia, por lo tanto, continuará en los tribunales. Mientras la Justicia ordenó ejecutar una ley aprobada y luego ratificada por el Congreso frente al veto presidencial, el Gobierno apuesta a la apelación para evitar, al menos por ahora, su aplicación efectiva.
