Prepagas: la Corte frenó los aumentos libres, pero no ordenó devolver lo ya cobrado

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023. Restablece el control estatal sobre las cuotas, aunque deja sin resolver la devolución de los incrementos aplicados.
Política19 de noviembre de 2026SNSN
Prepagas Swiss Medical
La demanda de una afiliada contra Swiss Medical llevó a declarar la inconstitucionalidad de dos artículos del mega DNU 70/23

(Buenos Aires; SN).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación le asestó un duro revés a la política de desregulación económica del presidente Javier Milei al declarar inconstitucionales dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Sin embargo, el fallo dejó abierta una cuestión fundamental para millones de afiliados: qué sucederá con los aumentos aplicados desde diciembre de 2023 al amparo de las disposiciones ahora invalidadas.

La decisión, adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, restablece las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para controlar y autorizar los incrementos de las cuotas. Las empresas deberán justificar sus pedidos de actualización tarifaria ante el organismo nacional.

La Corte no ordenó la devolución de los importes ya cobrados ni estableció un mecanismo general de compensación para los afiliados. De esta manera, el máximo tribunal puso un límite constitucional a la desregulación impulsada por el Gobierno, pero dejó pendiente la discusión sobre sus consecuencias económicas.

Un aumento del 110% que llegó a la Corte

El conflicto judicial se originó en una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, después de que la empresa incrementara un 110% el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

La afiliada cuestionó la magnitud de los aumentos y sostuvo que, de haberse mantenido el régimen anterior, el incremento autorizado para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

Aunque inicialmente su presentación fue rechazada, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar al reclamo y declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023.

Además, la Cámara había dispuesto que los incrementos no superaran la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), estableciendo así un criterio para recalcular las cuotas cuestionadas.

Sin embargo, al intervenir en el expediente, la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de las disposiciones del decreto, pero revocó la solución que vinculaba los aumentos con la inflación. El expediente deberá regresar al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos por el máximo tribunal.

El DNU y los límites constitucionales

Uno de los aspectos políticamente más relevantes de la sentencia es el cuestionamiento a los argumentos utilizados por el Gobierno nacional para justificar la eliminación de los controles mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Los magistrados recordaron que la Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo ejercer facultades legislativas únicamente en circunstancias excepcionales, cuando resulta imposible seguir el procedimiento ordinario del Congreso o existe una urgencia incompatible con sus tiempos.

Para la Corte, la invocación de una crisis económica y sanitaria, así como la intención de promover una mayor competencia entre las empresas, no resultaron suficientes para justificar la supresión inmediata de las facultades regulatorias del Estado.

El tribunal consideró que el Ejecutivo no había demostrado adecuadamente la relación entre la emergencia invocada y la necesidad de liberar los precios de las prepagas.

La sentencia constituye así un precedente institucional relevante, porque establece límites a la utilización de decretos de necesidad y urgencia para modificar leyes sancionadas por el Congreso.

No obstante, los jueces aclararon que su decisión se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y que no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del resto de sus disposiciones.

¿Quién devuelve los aumentos ya cobrados?

La cuestión más sensible para los afiliados es qué ocurrirá con el dinero que las empresas cobraron durante el período de desregulación.

La declaración de inconstitucionalidad de las normas que permitieron liberar las cuotas no significa que todos los incrementos aplicados desde diciembre de 2023 hayan sido automáticamente declarados ilegítimos.

La Corte tampoco ordenó reintegros generalizados. Por el contrario, dejó sin efecto el criterio de la Cámara Federal de La Plata que establecía un recálculo de las cuotas conforme al IPC.

Sin embargo, la sentencia no cierra la posibilidad de que los afiliados reclamen judicialmente la devolución de importes que consideren cobrados en exceso.

En el caso que dio origen al fallo, la controversia deberá continuar ante el tribunal de origen. Para otros afiliados, la decisión de la Corte constituye un antecedente que podría ser invocado en reclamos individuales o colectivos, aunque las eventuales restituciones dependerán de nuevas resoluciones judiciales.

La situación plantea una contradicción de considerable impacto económico: las disposiciones que eliminaron los controles fueron declaradas inconstitucionales, pero todavía no existe una respuesta judicial general sobre quién debe afrontar las consecuencias de los aumentos aplicados bajo ese régimen.

Qué cambia para las prepagas

A partir del nuevo escenario judicial, las empresas de medicina prepaga deberán someter sus pedidos de aumento a la supervisión estatal.

La Superintendencia de Servicios de Salud recupera las facultades para evaluar la razonabilidad de los incrementos, considerando las estructuras de costos y los cálculos actuariales de riesgos previstos en la Ley 26.682.

Esto significa que las compañías podrán solicitar actualizaciones de sus cuotas, pero deberán justificar los aumentos ante la autoridad competente.

El fallo tampoco establece que los futuros incrementos deban ajustarse necesariamente a la inflación ni implica una reducción automática de los valores que actualmente pagan los afiliados.

Un revés para Milei y una discusión todavía abierta

La decisión de la Corte trasciende el conflicto entre una afiliada y una empresa de medicina privada. Por primera vez, el máximo tribunal declaró inconstitucionales disposiciones del megadecreto con el que Milei inauguró su programa de desregulación económica en diciembre de 2023.

El pronunciamiento cuestiona uno de los instrumentos centrales utilizados por el Gobierno para modificar el funcionamiento de distintos sectores de la economía sin recurrir al procedimiento legislativo ordinario.

Al mismo tiempo, devuelve al Estado una herramienta de intervención sobre un servicio directamente vinculado con el derecho a la salud.

Pero el fallo también deja planteada una discusión que podría extenderse durante años en los tribunales: la eventual responsabilidad económica por los aumentos que las empresas aplicaron mientras estuvieron vigentes las disposiciones ahora declaradas inconstitucionales.

La Corte puso un límite al poder de desregulación del Ejecutivo. Para los afiliados, en cambio, la disputa por recuperar lo pagado de más todavía está lejos de terminar.

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