Salvadora Onrubia
(Buenos Aires; SN).- Salieron de noche, en grupo, algunos en bicicleta y otros a pie. Eligieron a sus víctimas, las rodearon, las insultaron y las golpearon. Después exhibieron las imágenes en las redes sociales, entre burlas y risas. La escena ocurrió en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires, durante la madrugada del lunes 2 de noviembre. Las víctimas fueron mujeres trans que ejercían el trabajo sexual en la zona.
La agresión tiene características que exceden las de un episodio espontáneo de violencia callejera. La cantidad de participantes, la persecución colectiva, la selección de las víctimas por su identidad de género y la posterior difusión de los videos permiten reconocer elementos de una acción de odio. Su posible planificación y las responsabilidades individuales deberán establecerse judicialmente.
Las primeras informaciones hablaban de entre 50 y 60 agresores. Sin embargo, Leticia, una de las sobrevivientes, aseguró a la periodista Marta Dillon, de El Destape, que fueron al menos cien y posiblemente hasta 150. La cifra todavía no fue corroborada oficialmente.
Al menos seis mujeres resultaron heridas y tres debieron recibir asistencia en el Hospital Fernández, según los testimonios recogidos por ese medio. La Defensoría LGBT porteña trabaja en la presentación de una denuncia penal.
El ataque ocurrió cerca del Lago de Regatas. Según los relatos de las víctimas, los jóvenes comenzaron con provocaciones verbales, se reagruparon y regresaron con palos, cadenas y otros objetos contundentes.
Una característica especialmente inquietante fue la decisión de registrar la violencia y distribuir las imágenes en Instagram y TikTok. Los atacantes convirtieron la humillación de las víctimas en contenido destinado a circular y recibir aprobación.
Aunque la mayoría de los atacantes eran adolescentes ya se abrió una investigación penal, teniendo en cuenta que la baja de la edad de imputabilidad de menores de edad ahora colocó a estos jóvenes como responsables de la comisión de distintos delitos. La organización que demostraron los atacantes, en banda y con objetivos determinados, podría calificarse como "asociación ilícita", delito que no es excarcelable.
Más por causalidad que por casualidad, cuando se comparan situaciones similares coincide con momentos históricos de fortaleza de la derecha política- La historia argentina registra antecedentes particularmente siniestros de persecución organizada contra personas consideradas indeseables por su sexualidad, identidad o forma de vida.
Uno de los más brutales fue el Comando Moralizador Pío XII, una organización parapolicial que actuó en Mendoza entre 1974 y 1976, antes y durante los comienzos de la última dictadura militar. Bajo la invocación de la moral pública, sus integrantes persiguieron a mujeres que ejercían la prostitución. Las secuestraban, torturaban, abusaban sexualmente y asesinaban. Algunos cuerpos aparecían abandonados en zonas de montaña.
La historiadora Laura Rodríguez Agüero, investigadora del CONICET, reconstruyó su actuación y sus vínculos con el aparato represivo provincial. El grupo estaba relacionado con el entonces jefe de la Policía de Mendoza, el vicecomodoro Julio César Santuccione. Su actividad combinaba amenazas públicas, atentados contra locales nocturnos y ataques contra personas previamente estigmatizadas.
Uno de sus métodos consistía en arrojar volantes con una intimidación que sintetizaba su ideología: «Emigren, prostitutas».
El 1º de mayo de 1975 aparecieron asesinadas dos mujeres que habían sido secuestradas la noche anterior. El crimen marcó la irrupción pública del comando, cuya actuación quedó integrada a la historia del terrorismo paraestatal argentino.
Ambos episodios permiten reconocer un mecanismo de persecución: grupos que se atribuyen el derecho de expulsar violentamente del espacio público a personas previamente señaladas como inferiores, peligrosas o moralmente inaceptables.
La agresión de Palermo vuelve a colocar bajo discusión el papel de los discursos públicos que deshumanizan a las minorías sexuales.
Las palabras pronunciadas desde posiciones de poder pueden contribuir a construir climas de intolerancia o de hostilidad. Cuando determinadas identidades son presentadas reiteradamente como una amenaza social, quienes las integran quedan más expuestos a la discriminación y a la violencia.
En la Argentina gobernada por Javier Milei, las organizaciones de diversidad sexual vienen denunciando una creciente legitimación de expresiones discriminatorias y el retroceso de políticas públicas destinadas a combatirlas.
La discusión involucra al Gobierno nacional, pero también a las autoridades porteñas y a los dispositivos institucionales responsables de prevenir agresiones.
Establecer una relación causal directa entre una declaración política y un ataque determinado exige pruebas que todavía no se conocen. Sin embargo, resulta legítimo examinar el contexto cultural y político en el que un grupo de jóvenes considera aceptable perseguir a mujeres trans y celebrar públicamente esa persecución.
También merece atención el lenguaje de los agresores. La consigna difundida en las redes, que hablaba de salir a correr a las travestis, presenta a las víctimas como presas de una diversión colectiva.
Ese vocabulario expresa una forma de deshumanización: las personas dejan de ser reconocidas como sujetos de derechos y se convierten en blancos de una supuesta hazaña grupal.
