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(Villa La Bolsa; SN).- La secretaria de la Comisión Ejecutiva Comunal de Villa La Bolsa, Liliana Flores, afirmó que el presidente comunal Alberto Nieto había sido advertido por una de las exvoluntarias sobre lo que ocurría dentro de Defensa Civil. Sin embargo, según cuestionó, no se activó ningún protocolo institucional para abordar la situación.
Flores visitó los estudios de Siempre Radio 93.3 y brindó nuevos detalles sobre las denuncias contra Lucio Miño, quien se desempeñaba como coordinador de Defensa Civil. Cinco mujeres que participaron como voluntarias del área relataron presuntas situaciones de acoso sexual, hostigamiento, humillaciones, malos tratos y abuso de autoridad.
Días atrás, Sumario Noticias dio a conocer la presentación realizada ante la Justicia y el pedido para apartar preventivamente a Miño. Ahora, Flores puso el foco en la respuesta institucional y planteó que una de las mujeres había intentado informar lo sucedido antes de que el resto de los testimonios saliera a la luz.
“Una cuestión que me llamó mucho la atención es que una de las mujeres se dirigió al jefe comunal e intentó tener una reunión con él. Sintió que no fue escuchada y que su relato fue minimizado o interpretado como si tuviera un problema personal con este señor”, expresó.
Según la secretaria, Nieto manifestó inicialmente que no tenía conocimiento de los hechos. Flores aseguró que posteriormente reconoció que había mantenido una conversación con la mujer, aunque sostuvo una interpretación diferente sobre el motivo de aquel encuentro.
“No se acercó por otro tema. Esta mujer fue a hablar de lo que estaba viviendo y también de aquello de lo que era testigo dentro de Defensa Civil”, afirmó.
Flores sostuvo que, ante un relato vinculado con posibles situaciones de violencia de género, la Comuna debía dar intervención inmediata a profesionales capacitados y comenzar un procedimiento de acompañamiento.
“Si una trabajadora llega y dice que se siente incómoda en el lugar donde está trabajando, hay que activar un protocolo urgente”, señaló.
Sin embargo, afirmó que eso no ocurrió: “El protocolo no se activó”.
La secretaria consideró que el episodio dejó expuesta la falta de herramientas institucionales para recibir, analizar y derivar este tipo de presentaciones. También reclamó capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para las autoridades y el personal comunal.
“Tenemos que revisar qué pasa con el área de Salud, cuál es la función del dispensario cuando ocurren estos hechos y por qué en la Comuna no nos capacitamos mediante la Ley Micaela, como corresponde”, planteó.
Flores explicó que las mujeres comenzaron a comunicarse con ella de manera progresiva. Una de ellas le facilitó el contacto de otra y, a partir de allí, se conformó una red de escucha y acompañamiento.
Las denunciantes se habían desempeñado como voluntarias de Defensa Civil en diferentes períodos. Algunas contaban con formación como enfermeras o paramédicas y, según indicó Flores, no todas se conocían entre sí.
Tras escuchar los relatos, la secretaria les pidió que documentaran por escrito las situaciones denunciadas. Con ese material acudió al Polo Integral de la Mujer de Córdoba para solicitar asesoramiento.
Desde el organismo le indicaron que debía presentar la documentación ante la Unidad Judicial de Alta Gracia, debido a su responsabilidad como funcionaria pública frente a hechos que podrían encuadrarse en la Ley Nacional 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.
Flores entregó las presentaciones escritas, un relato personal y conversaciones que conservaba en su teléfono. Desde entonces, las mujeres comenzaron a ser convocadas para declarar.
“Están actuando bastante rápido. Incluso, en uno de los casos, se consideró necesario disponer una restricción de contacto”, explicó.
Las actuaciones permanecen en etapa de investigación. Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad de la persona denunciada.
Otro de los cuestionamientos de Flores estuvo dirigido a la decisión administrativa adoptada después de que la Comisión Ejecutiva conociera las denuncias.
Según relató, durante una reunión de la Comisión expuso el contenido general de los testimonios y se resolvió apartar inmediatamente a Miño. Aseguró que esa decisión quedó asentada en el acta número 72.
Sin embargo, horas después, el coordinador presentó una licencia voluntaria por 60 días y la solicitud fue aceptada.
“Eso no era lo que habíamos acordado. Habíamos decidido que iba a ser apartado inmediatamente”, sostuvo Flores.
La diferencia no es solamente formal: el apartamiento constituye una medida administrativa adoptada por la institución, mientras que la licencia voluntaria parte de una decisión del propio involucrado y no implica necesariamente su separación definitiva del cargo.
Flores consideró que la respuesta del Ejecutivo debía haber sido más contundente para proteger a las denunciantes y garantizar el funcionamiento del área mientras se esclarecen los hechos.
“Creí que la posición que iba a tomar el Ejecutivo sería muy diferente, mucho más taxativa. Esto es realmente doloroso”, manifestó.
De acuerdo con el relato de Flores, las situaciones denunciadas se habrían extendido durante más de dos años, desde la creación del área de Defensa Civil y la designación de Miño como coordinador.
Las cinco mujeres dejaron de participar en distintos momentos. La secretaria vinculó esas salidas con el clima que describieron en sus testimonios.
“Todas terminaron renunciando. Estamos hablando de presuntos casos de abuso de autoridad, acoso sexual, humillaciones y malos tratos”, señaló.
También afirmó que algunas de ellas tienen miedo de encontrarse con el denunciado o sufrir represalias. Por ese motivo, fue necesaria la intervención de una persona especializada para acompañarlas durante el proceso.
“Estas mujeres se animaron a hablar como pudieron y en el momento en que pudieron. Tienen mucho miedo, pero no están solas”, expresó.
Flores reclamó que el caso no sea reducido a una disputa personal dentro de la Comuna y sostuvo que el centro de la discusión debe mantenerse sobre los testimonios presentados y la protección de quienes denunciaron.
También pidió la creación de un protocolo para futuras situaciones, la realización de capacitaciones y una participación activa de las áreas de Salud y Género.
“La escucha es, en estos casos y en muchos otros, lo más importante. Esto no nos puede volver a pasar”, concluyó.
