Argentina: el Senado aprobó por unanimidad una nueva ley que protege derechos en discapacidad

La norma establece un régimen permanente de pensiones y prestaciones. El desafío será garantizar los recursos necesarios para su cumplimiento.
Sociedad19 de noviembre de 2026SNSN
Discapacidad movilizacion 22 04 2026
Movilización en Alta Gracia por los derechos de las personas con discapacidad. (Archivo SN)

(Buenos Aires; SN, con información de NA) El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que mantiene los principales beneficios de la emergencia vigente y establece un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad.

La sanción definitiva contó con el respaldo de los 71 senadores presentes y llegó después de meses de controversias entre el Gobierno de Javier Milei, las organizaciones del sector, las familias y los prestadores de servicios.

La nueva legislación recoge buena parte de los derechos contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza en diciembre de 2026, y busca evitar que las prestaciones queden sujetas a sucesivas prórrogas legislativas.

Qué establece la nueva ley

Entre sus principales disposiciones, la norma mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% de una jubilación mínima.

Además, permite compatibilizar el cobro de estas pensiones con un empleo registrado o con actividades bajo el régimen de monotributo, siempre que los ingresos individuales no alcancen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También preserva el nomenclador único que regula los aranceles de las prestaciones y establece mecanismos de actualización automática para evitar que sus valores pierdan poder adquisitivo.

La legislación garantiza la continuidad de la cobertura sanitaria mediante el Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas titulares de pensiones no contributivas que carecen de otra cobertura médica.

Otro punto relevante es la obligación del Poder Ejecutivo de establecer un cronograma para cancelar las deudas acumuladas con los prestadores del sistema, uno de los principales reclamos de instituciones, profesionales y organizaciones vinculadas a la discapacidad.

Un victoria después de un prolongado conflicto

La aprobación representa la marcha atrás más significativa en las políticas del gobierno nacional, respecto de la posición que sostuvo inicialmente.

En 2025, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero el Congreso rechazó el veto y ratificó su sanción. Posteriormente, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la disponibilidad de recursos presupuestarios, lo que provocó nuevos cuestionamientos y reclamos judiciales.

Durante 2026, las organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores sostuvieron movilizaciones para exigir la aplicación efectiva de los derechos reconocidos por el Congreso.

La nueva iniciativa obtuvo en octubre una amplia mayoría en Diputados, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. En el Senado, el oficialismo y los bloques opositores alcanzaron un acuerdo para convertir las disposiciones centrales de la emergencia en un régimen permanente.

El financiamiento, la discusión que continúa

Pese al consenso legislativo, la disponibilidad de recursos para aplicar la nueva normativa continúa siendo uno de los principales interrogantes.

Según datos analizados por Chequeado, entre 2023 y septiembre de 2026 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez disminuyó un 5,9%, mientras que el poder adquisitivo promedio de estas prestaciones cayó un 14,2% desde el inicio de la gestión de Milei.

A su vez, un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción real del 13,9% en los fondos destinados al Programa Incluir Salud respecto de 2026.

Durante el debate, legisladores opositores advirtieron que la sanción de una ley no garantiza por sí misma el cumplimiento de sus disposiciones si el Estado no asigna los recursos necesarios.

La discusión se trasladará ahora al tratamiento del Presupuesto nacional de 2027, donde deberán definirse las partidas que permitan sostener las prestaciones, las pensiones y los servicios previstos.

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