Seguridad: el gobierno impulsa un paquete de leyes represivas

(SN; Buenos Aires) Paralelamente a la insistencia de rumores sobre la intención del gobierno de encontrar artilugios para liberar a represores condenados -coincidiendo con el 48° aniversario del golpe cívico militar de 1976- el gobierno nacional anunció este jueves el envío al Congreso de la Nación de un paquete de proyectos de leyes represivas.

La iniciativa incluye una “Ley Antimafia” y la modificación de la “Ley de Seguridad Interior”, entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de "nuevos herramientas" para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Luis Petri, brindaron detalles de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del presidente Javier Milei. Su aprobación permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

Se trata de iniciativas contra organizaciones criminales (denominada Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos ya desde el procesamiento, y Ley de Orden Público (que incluye penas a la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior, para permitir la actuación de militares en conflictos internos.

Una Ley Rico a la argentina

 "Vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias, que implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa", anunció Bullrich, haciendo referencia a un proyecto que emula la Ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) de los Estados Unidos.

 "La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización", explicó la Ministra, haciendo referencia a la normativa norteamericana que no distingue entre los distintos niveles de responsabilidad en un delito.

La excandidata presidencial definió a "una organización criminal" como "aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos". 

 "La ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia", amplió Bullrich.

Reiterancia

Además, Bullrich anunció un proyecto de "Ley de Reiterancia, por la cual si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente".

Por otra parte, la funcionaria propuso la confección de un "registro de ADN para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención".

Bullrich anticipó que "el FBI nos ha donado la posibilidad de tener el sistema CODIS, que es el sistema de almacenamiento del ADN".

Piqueteros a la cárcel

"El cuarto proyecto que vamos a presentar tiene tres aristas: busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas", enumeró la titular de Seguridad apuntando contra los movimientos sociales.

También anunció modificaciones para ampliar los concepto de "legítima defensa y el cumplimiento del deber", y agravar las penas al delito contra la autoridad: "Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad".

El paquete represivo propone "la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años", dijo Bullrich

A su turno, Petri consideró que  “a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.

Estas modificaciones entrarían en vigor en situaciones donde se declaran actos terroristas que amenazan los intereses vitales de la nación. En tales circunstancias, las Fuerzas Armadas estarían habilitadas para llevar a cabo operaciones de patrullaje, control de personas, vehículos e instalaciones, así como para realizar aprehensiones en flagrancia.

Además, el Ministro señaló que estas medidas también permitirían el uso de medios coercitivos, sujetos a las mismas normas y condiciones que rigen para las Fuerzas de Seguridad. En este sentido, destacó la importancia de la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza.

"Cuando se decide su intervención, las Fuerzas Armadas van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir en tareas de prevención que garantizan la vida, la paz y la seguridad de todos los argentinos", afirmó Petri.

Asimismo, el Ministro hizo hincapié en la necesidad de la intervención del Congreso de la Nación para llevar a cabo estas reformas. En este sentido, recordó las palabras de la ministra Bullrich, quien había señalado que no hay un plan B en esta cuestión.