La normalidad es el problema

En la semana que queda atrás, la presión de las cooperativas de trabajo de todo el país produjo el primer amague de respuesta oficial en favor de este sector, desde el comienzo de la emergencia provocada por el Covid 19. “Reclamamos con urgencia la inclusión de las cooperativas en las ATP”, fue el título del pronunciamiento de trabajadores y trabajadoras cooperativizados de todo el país, con la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) a la cabeza de un listado de más de 80 federaciones firmantes de un crítico documento.

En el texto, las organizaciones expresaron su “preocupación ante la discriminación que sufre nuestro sector al no ser incluidos en la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”. La ATP, es el programa del gobierno nacional mediante el cual el Estado Nacional le está pagando el 50% del sueldo a 1,8 millones de asalariados de empresas privadas, incluidas compañías que son propiedad de muchas de las grandes fortunas del país, como el Grupo Techint.

El cooperativismo de trabajo reúne a más de seis mil cooperativas que en conjunto suman más de 170 mil personas abocadas a la producción de bienes y servicios. “En el marco del programa ATP (…) se han asistido a grandes empresas, dejando de lado al conjunto de trabajadoras y trabajadores del movimiento cooperativo, como si se tratara de la existencia de trabajadores de primera y de segunda categoría”, reza el texto.

El reclamo que se exteriorizó con fuerza días atrás, fue un escalón más de una seguidilla de planteos que vienen realizando organizaciones del sector, con niveles de radicalización directamente proporcionales a su cercanía con el gobierno, para enunciar el célebre Teorema de Baglini.

Curiosa -y no menos elocuente- es la frase que cierra el documento conjunto: “No podemos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema”.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) es el organismo que regula el funcionamiento de cooperativas y mutuales en Argentina. Cuando al gobierno acceden gobiernos populares, se suele hacer honor a los motivos fundantes: “Promover el surgimiento de nuevas cooperativas y mutuales, la cooperación entre cooperativas y estructuras mutualistas y la eficiencia de ambos sectores para impulsar la reconversión empresarial y el desarrollo de las economías regionales”. Por el contrario, durante los procesos de administraciones conservadoras y/o neoliberales, el rol de promotor del instituto se olvida y el acento se pone en la función de contralor.

Cuando Mario Alejandro Cafiero –actual presidente del Inaes- y su equipo se hicieron cargo del organismo, se encontraron con un panorama preocupante.  “Proyectando inflación de 2015 en adelante, el Inaes debería tener un presupuesto anual de 4.500 millones de pesos, pero tiene 430 para todo el año, que surgen del presupuesto 2019 reconducido”, explicó Nahúm Heraldo Mirad, vocal del Directorio en representación del Estado Nacional. El presupuesto del Inaes consta de dos partes, una surge del aporte de las propias cooperativas y mutuales a través del impuesto respectivo, y el resto es el aporte del Tesoro Nacional. En el presupuesto 2020 que dejó la anterior administración y el actual gobierno dejó sin efecto, se suprimía el aporte estatal.

 “A algunos les encanta hacer política del pobrismo, mucho cooperativa de trabajo y esas cosas”, ladró Miguel Angel Richetto, también esta semana, para cuestionar al sector que produce el 10 por ciento del Producto Bruto Interno de la Argentina. La idea de asociar cooperativa de trabajo a “pobrismo” está vinculada a las entidades creadas de arriba hacia abajo a partir de los planes Trabajar en la década del ´90 y en los primeros años de este siglo. Casi ninguna de esas cooperativas existe en la actualidad. Sí perduraron, en cambio, las iniciativas de trabajadoras y trabajadores organizados ya sea en empresas recuperadas o autogestinarias. Sin embargo, un elemento fortalecía la visión de Richetto: la dependencia del Inaes  a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, área del Estado destinada a cubrir las necesidades de los sectores vulnerables.

Con la actual gestión del presidente Alberto Fernández, el movimiento cooperativo logró uno de los máximos anhelos de su historia, al ser incluido en el organigrama del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas. No es una mera formalidad: antes que organizaciones a las que hay que asistir, el cambio de cartera implica el reconocimiento expreso como unidades productivas a impulsar si se piensa en un camino productivo autónomo e independiente para el país.

El área a cargo de Kulfas impulsó esta semana créditos para las cooperativas de trabajo, en lo que puede leerse como la primera respuesta oficial a la demanda del sector. Préstamos con tasa subsidiada que queda en el 18% anual, con tres meses de gracia y con montos máximos de tres salarios mínimos multiplicados por la cantidad de asociados, o un mes de facturación, lo que sea más bajo. “No necesitamos endeudarnos, por más baja que sea la tasa, y no corresponde tampoco. Si le pagan la mitad de los sueldos a Condena 3 y los bancos, ¿por qué no a nosotros?”, razonaba un dirigente cooperativista del Valle de Paravachasca sin ocultar su desazón por el anuncio.

En Alta Gracia, la Cosag es la cooperativa de trabajo más grande y, sin duda alguna, la de mayor facturación. “Afortunadamente, y gracias a la conciencia de nuestros vecinos, la caída de la recaudación ha sido menor a lo que imaginábamos que sería”, dijo Ennio Mazzini, presidente de la cooperativa. No obstante, el dirigente reconoció que accedieron a la ATP para cubrir salarios de los trabajadores en relación de dependencia, pero que debieron practicar recortes en las percepciones de los asociados a la entidad.

Carlos Ríos, presidente de la Cooperativa de Servicios Anisacate, explicó que “siempre en estas situaciones difíciles entramos en una zona gris en la que no somos pymes ni somos nada”. El titular de la organización destacó que “tenemos una morosidad altísima” y que “sin embargo cuando hay que pagarle a Epec la Provincia no interviene para nada, corren intereses como si no pasara nada”.  Ante una caída de la recaudación que estimó “entre un 35 y 45%”, Ríos enumeró que “estamos pagando los sueldos, los seguros, comprando mercadería para el mantenimiento del servicio, manteniendo los vehículos… pero estamos atrasados en la factura de Epec, que alcanza los 6,5 millones de pesos”.

Un agravante afecta a las cooperativas: la obligatoriedad de facturar todos los meses, independientemente de que se cobre o no. Esa emisión de facturas inmediatamente genera el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA) a pagar, aunque surja de muchos comprobantes impagos.

En el último mes, el gobierno resucitó el Programa de Trabajo Autogestionario (PTA) del Ministerio de Trabajo de la Nación, que el macrismo había dejado a la deriva durante cuatro años. Ese programa preveía el pago de un salario mínimo, vital y móvil durante un año –por única vez- a integrantes de empresas autogestionarias como las cooperativas de trabajo. Sin un presupuesto nacional de diseño propio -ya que el gobierno espera el acuerdo con los acreedores externos para elaborarlo- las autoridades de la cartera optaron por multiplicar los panes, pero parieron miguitas y la versión pandemia del PTA se redujo a poco menos de 6.500 pesos durante dos meses. Una aspirina contra el cáncer.

Según viene trascendiendo, hay sectores del gobierno nacional que impulsan la profundización del PTA para esquivar el incierto camino de incluir a las cooperativas como beneficiarias del ATP. En este caso, el orden de la sigla sí cambia el producto.

Del cambio de ministerio a la materialización del apoyo concreto por parte del Estado hay una compleja carrera de obstáculos. No existe estructura legal, presupuestaria ni organizacional para responder con la urgencia adecuada. La realidad golpea con más fuerza y velocidad que las acertadas pero lentas –y a veces vacilantes- acciones de gobierno. La emergencia, también demanda respuestas de emergencia para este sector.