Perú: el gobierno propone la intervención militar en las fronteras
Dina Boluarte busca "blanquear" su régimen represivo modificando la Constitución para habilitar a las Fuerzas Armadas en la represión de la inmigración. El gobierno de la presidenta asumida tras el derrocamiento de Pedro Castillo, ya suma casi medio centenar de asesinados en protestas.
(Télam) El Gobierno de Perú propuso al Congreso una reforma constitucional, con carácter de urgente, para que las Fuerzas Armadas puedan acompañar a la Policía Nacional en las zonas de frontera. El jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola, reveló que el Ejecutivo planteará al Congreso modificar el artículo 165 de la Constitución para ampliar el rol de las FFAA.
En conferencia de prensa, Otárola indicó que esta iniciativa guarda relación con la misión constitucional de las FF.AA. "y vertebra las decisiones” que vino tomando el Gobierno “en torno a la necesidad de aplicar las leyes en materia migratoria". Y remarcó que se trata de una “decisión soberana del Estado Peruano, para ser consecuentes con las decisiones” que ya tomó la administración de Dina Boluarte en materia migratoria.
"El Consejo de Ministros aprobó enviar con carácter de urgencia un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso para reformar el artículo 165 de la Constitución (...) y encargar conjuntamente con la Policía Nacional del Perú a las Fuerzas Armadas el cuidado y vigilancia de nuestras fronteras", manifestó, según la estatal agencia Andina. En ese sentido, señaló Otárola que la propuesta apunta a agregar un párrafo a ese artículo "para que las FF.AA. presten apoyo a la Policía en la vigilancia de las fronteras, de acuerdo a ley".
"Se está agregando una misión adicional y constitucional a las Fuerzas Armadas para que presenten un apoyo decidido y también vigilen las fronteras con la policía”, explicó el funcionario.
El 27 de abril último, Lima dispuso por 60 días el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de migrantes, la mayoría provenientes de Chile. El decreto incluye restricción de derechos, como el de libertad de tránsito y de reunión, en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.
Fue en medio de la crisis por los centenares de migrantes, muchos de ellos haitianos y venezolanos, que buscaban salir de Chile por el endurecimiento de los controles migratorios.
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