Represión en el Congreso: denunciaron a Bullrich por presunto abuso de autoridad
La denuncia la presentó el abogado Gregorio Dalbón y es por el operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria, en la que jubilados sufrieron el avance de la policía y hasta una niña resultó gasea en sus ojos.
(SN; con información de NA) Luego de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso el pasado miércoles, cuando la Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria y en las calles atacaban a quienes se manifestaban, entre ellos una niña que fue gaseada por efectivos de la fuerza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue denunciada por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.
El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.
La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
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