Los geriátricos, bajo la lupa

El cuidado de los adultos mayores ocupó un lugar central en la preocupación por controlar los daños que puede provocar el coronavirus covid-19. A la facilidad para el contagio, se le suma la letalidad que provoca en los grupos de riesgo. La población de más de 60 años, aquellos que padecieron o tienen cáncer, pacientes con diabetes, personas con enfermedades hepáticas, quienes tienen padecimientos renales crónicos, enfermedades respiratorias o cardiológicas son quienes más riesgo sufren si contraen el virus.

Las residencias de adultos mayores concentran varias personas que integran esos grupos de riesgo por uno o varios motivos. En varias ciudades, hubo brotes de coronavirus covid-19 en geriátricos. En la provincia de Córdoba, el más paradigmático fue el de la residencia Santa Lucía, en Saldán. Muchos de los contagiados con covid-19 en la institución fallecieron semanas más tarde. El problema no es local ni nacional solamente. En Europa, más de la mitad de las muertes ocurrieron en geriátricos.

El brote en la residencia Santa Lucía fue uno de los primeros en instituciones de adultos mayores en el país y potenció que en Alta Gracia se pusiera el ojo en los geriátricos. El Concejo Deliberante trató diferentes proyectos relacionados con la habilitación y regulación de este tipo de hogares en las primeras sesiones luego de la suspensión de la actividad legislativa a causa de la pandemia. Ambos bloques presentaron sus propuestas y finalmente fue aprobada la ordenanza que les daba diez días de plazo a las residencias que no tuvieran la habilitación para presentar sus papeles y evitar la clausura.

Buscar con lupa

Hasta el 22 de abril, en Alta Gracia no había registro de las residencias de adultos mayores que funcionan en la localidad ni tampoco había propuestas para tratar el tema. La presentación del proyecto de regulación de geriátricos -por parte del bloque opositor un día más tarde de que se clausurara la residencia Santa Lucía en Saldán por los casos del nuevo coronavirus- puso el tema sobre la agenda política y social. Dos semanas más tarde, el bloque de Hacemos por Córdoba presentó también un proyecto de ordenanza sobre la problemática y el COE encabezó un relevamiento socio sanitario para conocer la situación de los vecinos de Alta Gracia. Pero, además, la intención de ese relevamiento era descubrir los hogares de adultos mayores que no estuvieran declarados.

"Estamos trabajando con todos los trámites pendientes con respecto a la habilitación de los geriátricos, al mismo tiempo, con este relevamiento queremos identificar todas las residencias de adultos mayores que hay en la ciudad. Sabemos que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar lo que sale un geriátrico y no tienen obra social, entonces usan estas residencias, donde una persona cuida a dos o tres adultos", explicó Marcos Torres Lima a Sumario Noticias en abril de este año. "Queremos llegar ahí para que sientan la presencia del Estado, y hacerles saber que no están solos. Queremos darles los protocolos necesarios, cuidando a todos los adultos mayores también" agregó el Intendente.

Casa por casa, el COE Regional N°8 salió a buscar los geriátricos escondidos en la ciudad.

Emergencia o permanencia

La discusión entre los dos bloques durante las sesiones de abril y mayo respecto al tema de los geriátricos rondó sobre el espíritu de las ordenanzas. Mientras que el oficialismo buscaba impulsar una modificación a la norma para atender la situación de emergencia, la oposición quería reformar la ley vigente de manera definitiva, independientemente de la situación excepcional por la pandemia.

“El tema de los geriátricos no es una situación que debería preocupar y ocupar a los municipios solamente durante esta pandemia, sino los 365 días del año, porque el tema de los adultos mayores viene de larga data, con pedir informes previos, con pedir expedientes, con evitar nuevas residencias. Tenemos que ser absolutamente responsables” remarcaba en la sesión del 6 de mayo la radical Lucía Allende.

“Hoy estamos atravesando a nivel mundial una situación muy atípica en las cuales hay que prestar determinada atención en algunos sectores puntuales. Justamente este es uno de ellos. Por eso, lo que nosotros proponemos es una legislación de pandemia para luego poder avanzar en determinadas situaciones una vez que podamos superar esta situación. No sabemos cuál va a ser el desenlace. No quiero militar la desesperanza de la sociedad ni tampoco generar el mensaje de que esto va a ser algo simple que vamos a superar mañana. Proponemos una situación de excepción sobre esto y luego seguramente se van a cambiar muchas cuestiones porque creo que el mundo va a cambiar después de esto y van a cambiar prioridades y normativas y reglas de juego. Hoy lo que planteamos es la excepción a una normativa por el periodo de tiempo que dure la pandemia”, le respondía Manuel Ortiz.

Luego de que fuera aprobada la ordenanza de emergencia frente a la pandemia, el oficialismo no esperó a que la situación del coronavirus covid-19 estuviera superada, sino que presentó su proyecto de modificación permanente semanas más tarde. El pasado miércoles 24, el Concejo Deliberante aprobó la adhesión de la Municipalidad de Alta Gracia a las leyes provinciales que regulan el funcionamiento de los geriátricos a través del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa).

“Es importante para la ciudad de Alta Gracia adherir a la ley de Rugepresa, que controla y autoriza las residencias para adultos mayores. Que haya salido aprobada por unanimidad y acompañada con la firma del Concejo Deliberante es entender la situación puntual de los adultos mayores y la preocupación de los vecinos en este sentido. Hoy hemos aprobado una ordenanza de adhesión a la ley de Rugepresa que permite encuadrar a nuestras residencias y acomodarse a la ley provincial para poder seguir funcionando” explicó el concejal Pablo Ortiz a Sumario, el diario de los viernes. “La ley establece el régimen de habitaciones, la cantidad de metros que necesita cada abuelo en cada residencia, establece una cuestión netamente sanitaria que obliga a determinadas residencias encuadrarse y que tengan un control. Mas allá de esta pandemia, esto permite controlar. Les permite a ellos trabajar, pero también dejan tranquilidad”, agregó el edil.

Irregularidades y allanamientos

La semana pasada, el COE recibió denuncias respecto a instituciones geriátricas que no estaban cumpliendo con el protocolo establecido para el funcionamiento durante la pandemia y que habían permitido el ingreso de nuevos residentes sin realizar el aislamiento obligatorio de 14 días. A raíz de eso, Pablo Ortiz y Mariana Garay solicitaron a la Justicia que se realice una investigación. En ese marco, se llevaron a cabo distintos requerimientos, informes, registros y hasta allanamientos, donde se evidenció alguna contravención. Actualmente, la causa está a cargo del fiscal Diego Fernández y se encuentra en la etapa de recabar pruebas: “El COE, Rugepresa y Municipalidad tienen que enviar los informes. También personal especializado de policía judicial está confeccionado informes” indicó el fiscal a Sumario, el diario de los viernes.

La ordenanza fue aprobada y la investigación para determinar si hubo irregularidades y cuáles fueron en caso de detectarse alguna anormalidad ya comenzó su curso. De esta manera, parece cerrarse un nuevo capítulo de una problemática que habitualmente genera conflictos y revisiones. En el medio, se enfrentan la necesidad de la atención a la población de adultos mayores y la dificultad de muchos sectores para solventar los costos de estas instituciones.

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