Diputados aprobó avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte

El Frente de Todos (FdT) consiguió hoy aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Política 09 de febrero de 2023 Redacción SN
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Ph. Mateos Pepe

El Frente de Todos (FdT) consiguió hoy aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El FdT sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.

Además, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.

La reunión de la comisión se inició poco antes de las 11.30 y tras las exposiciones de las tres propuestas de dictamen se acordó someter el tema a votación a las 15, para luego continuar con los discursos de otros diputados.

Los representantes del bloque del FdT propusieron en la resolución que finalmente se impuso admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 14 expedientes que se tramitan en la comisión.

En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), se enumeraron los 14 expedientes que "solicitan el juicio político respecto de los ministros de la Corte, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".

"Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales", apunta el texto.

El escrito indica también que "el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático".

A continuación, el interbloque JxC presentó su propuesta de inadmisibilidad en la que señaló que "el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez".

"Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial", agregó.

Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.

Por su parte, Alejandro 'Topo' Rodríguez, del interbloque Federal, expresó en un escrito: "Del análisis de los 14 expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional, lo que significa que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación en los términos del artículo 9 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación".

Durante el debate de hoy, el diputado nacional oficialista Leopoldo Moreau señaló que "la Corte Suprema asume facultades que no le son propias" y que "ese es el verdadero golpe de Estado".

El legislador salió así al cruce de las argumentaciones de López, quien había señalado que el proceso en curso contra los cuatro miembros de la Corte "debilita la democracia".

"La Corte asume responsabilidades que no le son propias y ese es el verdadero golpe de Estado. La democracia en la Argentina está suspendida, condicionada por la decisión de una Corte que ha resulto ponerse por encima de las facultades la propia Constitución le da al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo", agregó.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Mario Negri, insistió en que "la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias", en el marco de su argumentación por el rechazo a la admisibilidad del proceso de juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal.

"Estamos en presencia de la malversación del instituto constitucional del juicio político. Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño; las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real", remarcó el cordobés.

La comisión de Juicio Político retomará su tarea el próximo jueves cuando se reúna para definir el cronograma de trabajo que tendrá en la etapa de sustanciación de pruebas, que incluirá la convocatoria de testigos.

El proceso, justamente, continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.

En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).

Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.

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