(Télam, Córdoba) La presentación de la iniciativa fue dada a conocer en la ciudad de Córdoba por Soledad Laciar y será canalizada en el Congreso Nacional a través de la diputada nacional local (Juntos por el Cambio), Gabriela Brouwer de Koning.
La denominada “Ley Blas” consta de tres puntos: “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo que establece la ley 27.304”.
Por otra parte, plantea un programa que promueva en forma progresiva el “desarme de la sociedad civil”.
Brouwer de Koning, quien estuvo en la presentación, explicó que la iniciativa surge de una propuesta de Laciar y que a partir de entonces se trabajó con equipo multidisciplinario para darle forma al proyecto que se presentará en los próximos días en el Congreso Nacional.
“Es un aporte que apunta a prevenir y erradicar la violencia institucional”, dijo la diputada al sostener que sobre esa temática hay un gran “vacío legal” y esta ley “apunta a ser un aporte para llenar ese vacío”.
En tanto, Laciar explicó que “se trata de una herramienta más que, en este caso, consideramos valiosas para avanzar en una sociedad más justa y para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder”.
Al respecto instó a los legisladores nacionales de todos los partidos políticos a “acompañar” la propuesta para que “la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente”, resaltó la mujer.
El adolescente fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando transitaba con cuatro amigos, también adolescentes, en un automóvil y al evadir un control policial en la zona sur de la capital local dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas y le ocasionó la muerte.
El 31 de marzo de este año la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, condenó a 11 de los 13 policías enjuiciados por ese hecho y la mayor pena, de ‘prisión perpetua’ recayó sobre los cabos primero Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35), los responsables de efectuar los disparos con su arma reglamentaria.
En la sentencia también se resolvió remitir los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de José Mana para que se inicie investigación penal contra los responsables políticos que estaban a cargo de distintas áreas de seguridad al momento del hecho.
Entre ellos quien fuera ministro de Seguridad Alfonso Mosquera; el secretario de Seguridad Sebastián Mezzano; la actual jefa de la Policía provincial Liliana Rita Zárate Belletti; y el jefe zonal sur de la policía, comisario Gonzalo Cumplido.
El fiscal Mana, en la jornada de ayer, se declaró ´incompetente’ para actuar en esa nueva causa y derivó el expediente al Fuero Anticorrupción, decisión que cuestionó severamente la mamá de Blas, al entender que lo que se busca es “la impunidad de los funcionarios políticos responsables del encubrimiento” del crimen de su hijo.
