El 9 de diciembre de 1985, un tribunal civil juzgó y condenó a los genocidas Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Derechos Humanos 09 de diciembre de 2023 Redacción SN
(SN; con información de Télam) El 9 de diciembre de 1985, un tribunal civil juzgó y condenó a cinco represores en el histórico juicio a los jefes de la última dictadura cívico militar, acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, a 38 años de este hito, este artículo busca interpelar por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Se trata de la fecha en que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal sentenció la perpetua de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini; y el brigadier Orlando Ramón Agosti
Las audiencias se llevaron a cabo en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal, presidida por un enorme crucifijo y un vitreaux con la inscripción "afianzar la justicia", donde se inició el proceso con escasos antecedentes en el mundo.
El juicio se instruyó sobre los datos relevados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, y cuyo informe bajo fue entregado el 20 de septiembre del año siguiente.
La investigación de la Conadep constató en 1984-85 la desaparición de "cerca de nueve mil" personas, precisó entonces su presidente, Ernesto Sábato, en el prólogo del libro que divulgó el informe final bajo el título de "Nunca Más".
Además de recibir e investigar las denuncias de secuestros y otros crímenes de la dictadura, la Conadep aportó un modo de ordenar la acusación y las responsabilidades de la represión terrorista de Estado por centro clandestino de detención.
Este criterio de agrupamiento fue asumido por la Cámara Federal que juzgó a las Juntas y también por la Fiscalía, integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que concluyó su alegato final con la exhortación al "Nunca más".
Integraban la Cámara Federal los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D`Alessio.
Años más tarde, en diciembre de 1990, los represores que fueron condenados en este juicio se vieron beneficiados por los indultos que dictó el ex presidente Carlos Menem y quedaron en libertad.
Sin embargo, la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararlas inconstitucionales los volvió a sentar en el banquillo de los acusados.
Durante el juicio, se escucharon numerosos testimonios y se consideraron las presentaciones de los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza sobre ciudadanos de esas naciones desaparecidos en la Argentina.
Si bien algunas detenciones, como la de Videla, fueron a cadena perpetua, la detención efectiva de todos ellos fue desde el 5 de marzo de 1985 hasta que se los incluyó en el indulto dado por Carlos Menem el 29 de diciembre de 1990 a 216 militares condenados por diferentes causas.
En la sala de audiencias se tomó declaración a más de 800 personas en una sucesión de testimonios que exhibieron ante la opinión pública contornos escalofriantes de una de las etapas más oscuras en la vida del país.
Son 16 los jóvenes que continúan presos luego de la manifestación contra la Ley Bases del pasado miércoles 12 de junio en inmediaciones al Congreso. La jueza María Servini los incriminó por atentar contra el orden constitucional.
Madre de Gustavo Cortiñas, desaparecido en 1977, Norita es un faro de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Desde SN se la recuerda presente en las calles y recientemente cuando participó de la señalización del ex Batallón 141 como ex centro clandestino de detención.
Víctima del terrorismo de estado e incansable luchadora, sus dos hijos fueron secuestrados por la última dictadura cívico-militar. Su hija mayor, Adriana, fue secuestrada en abril del 77 y Miguel, su otro hijo, en mayo del 76.
El lugar elegido para darle el último adiós a la destacada defensora de los derechos humanos es la ex-Mansión Seré, ubicada en Santa María de Oro y Blas Parera, en la localidad bonaerense de Castelar.
En el comunicado, además criticaron al Gobierno por su intención de bajar la edad de imputabilidad.
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