La Vicepresidenta nombró en la cámara alta a un militar que ordenó quemar documentación de la época de la Dictadura en Salta. Lo denunció -sin apoyo del peronismo- una legisladora salteña del Frente de Todos.
Derechos Humanos31 de mayo de 2025 SN
(Buenos Aires; NA) El interbloque del peronismo en el Senado se mantenía en silencio tras la designación por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel del ex militar Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Control de Gestión.
Una de las únicas posturas públicas sobre el tema la esbozó en soledad la senadora salteña Nora del Valle Giménez desde su cuenta de X, donde expresó su "total repudio". La legisladora lo hizo en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del PJ y ex presa política.
"Considero imprescindible alertar y condenar esta designación, que implica un reconocimiento y reivindicación a quienes cometieron delitos y obstaculizaron la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura", agregó la representante del Frente de Todos.
Ninguno de los popes de la bancada peronista, como José Mayans, Juliana Di Tullio, Eduardo "Wado" De Pedro, Anabel Fernández Sagasti y otros vinculados a La Cámpora como Mariano Recalde, emitieron una postura sobre ese nombramiento.
El festín de designaciones de Villarruel de los últimos días, sumado a la omisión de un espacio como el PJ, con fuerte lazo con las políticas de Derechos Humanos, se da en medio de una puja entre el interbloque y la vicepresidenta por el reparto de las comisiones.
Gestoso Presas es un ex militar que ordenó destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta en el que se habían registrado nacimientos entre principios de los ´70 hasta mediados los ´90.
La Agencia Noticias Argentinas pudo constatar la identidad de Gestoso Presas con fuentes judiciales al tanto del expediente que, curiosamente, tuvo un movimiento con pedido de reserva en los días previos a la formalización que Villarruel hizo el martes último mediante el decreto 0306/25. Gestoso Presas estará en actividad desde junio.
Los fiscales a cargo del caso le imputaban a Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, director del Hospital, un delito conexo a crímenes de lesa humanidad por el intento de destrucción de ese tipo de material probatorio, aunque en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometieron un delito de lesa humanidad y fueron sobreseídos "por prescripción de la acción penal".
El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias encontró dos libros -en supuesto mal estado- en el lavadero del Hospital Militar de Salta y se los entregó a Gestoso Presas para que considerara si había información importante; éste receptó el pedido pero le encargó quemar el material al capitán Silvio Manino.
Manino simuló ejecutar la orden, pero, en realidad, los guardó en su casa y tiempo después los presentó al Ministerio de Defensa que, por entonces, era conducido por la ministra Nilda Garré, quien inició una denuncia penal y un sumario interno.
Posteriormente a que se conociera la historia, tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas fueron pasados a retiro.
Una de las particularidades del caso es que Gestoso Presas, en ese momento, era jefe de la Compañía de Inteligencia 5: el gusto por la inteligencia parecería ser un patrón en el caso de Villarruel a la hora de elegir colaboradores, ya que entre sus principales asesores se encuentra Claudio Gallardo, quien fuera el hombre en inteligencia de César Milani.
El Ministerio de Justicia de la Nación comunicó que pondrá a disposición de fiscales federales el edificio de 5000 metros cuadrados correspondiente a la Ex Escuela de Mecánica de la Armada, hoy sitio de Memoria, donde se desempeñó el mayor centro clandestino de detención y tortura durante la última Dictadura cívico-militar.
Se trata de uno de los represores que actuó en la provincia quien está acusado de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en prejuicio de Carlos Alberto Civili y Luis Roberto Civili (fallecido).
La medida fue tomada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Los genocidas están cumpliendo sus condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El estreno de la serie marcó un impulso en la búsqueda de personas y denuncias. Abuelas aún buscan a dos nietos o nietas de Héctor Germán Oesterheld el escritor de la historieta que fue secuestrado y desaparecido junto a sus cuatro hijas y tres yernos.
El escritor e historietista, autor de “El Eternauta”, fue secuestrado por la última dictadura cívico-militar el 27 de abril de 1977, meses después de la desaparición de sus cuatro hijas.
“Señores jueces, Nunca Más”, fue la frase final del fiscal Julio Strassera. Fue la primera vez que un país democrático sometió a la cúpula militar que había gobernado de facto a un juicio civil por crímenes de lesa humanidad.
Paradoja: la versión libertaria del canal infantil será financiada por los mismos fondos que los dibujos animados enseñarán a demonizar.
La entidad sin fines de lucro de Anisacate incorporó equipamiento para la modernización del servicio eléctrico en la zona. Aunque invitada al acto, la Intendenta volvió a elegir el desplante.
El robo se produjo durante las primeras horas de la mañana de este sábado en una vivienda de Barrio Córdoba, mientras los dueños de casa aún dormían.
La Vicepresidenta nombró en la cámara alta a un militar que ordenó quemar documentación de la época de la Dictadura en Salta. Lo denunció -sin apoyo del peronismo- una legisladora salteña del Frente de Todos.
Uno de los tres detenidos en el operativo que permitió recuperar una moto robada en Bº Córdoba ya había sido detectado por los sistemas de monitoreo como el responsable de robos en las avenidas Dálinger y Libertador.
